El Gobierno de Mendoza convocó para el 29 de junio a las 9 en el auditorio Ángel Bustelo a la apertura del espacio de diálogo sobre "Política de Estado para una minería sustentable". La idea no es llegar a un consenso entre partes antagónicas, sino simplemente ofrecer una oportunidad de que cada protagonista de esta historia –cámaras empresariales, universidades, organismos técnicos y organizaciones civiles– tengan un momento para defender, explicar y difundir su pensamiento respecto al desarrollo de la minería de gran escala o cualquier otro tipo de extracciones.
Luego de cinco meses de deliberaciones, el Gobierno definirá una directiva o política de largo plazo junto con una herramienta para evaluar todos los proyectos que sean presentados en la provincia de Mendoza, para terminar con las polémicas que surgen cada vez que existe la posibilidad de iniciar un nuevo emprendimiento.
Están convocadas más de 350 organizaciones y en la primera jornada serán planteados los temas que serán analizados durante los meses siguientes, como es el uso del agua, el desarrollo económico, el empleo, los aspectos legales y la carga impositiva, entre otros. Cada temario tendrá una comisión que funcionará en días y horas determinadas, con el apoyo de personal técnico para que puedan presentar el trabajo en cada exposición. Incluso a las organizaciones sociales o entidades de comunas alejadas se les pagará el transporte, ya que la intención es que el debate sea amplio.
Esta propuesta, a poco de ser dada a conocer por el titular de la Secretaría de Ambiente, Humberto Mingorance, y el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, produjo reacciones de cautela entre quienes serán parte de esas discusiones respecto a la verdadera utilidad de abrir este diálogo.
Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros (CASEM), indicó que "las expectativas son relativas. Es un camino que hay que transitar y vamos a apoyar la impronta que le quiere dar Guiñazú, pero está claro que el ministro Enrique Vaquié es antiminero y lo demostró cuando fue diputado nacional".
Para Ferrer la clave estará en el nivel técnico que logre desarrollarse durante el tiempo que dure este espacio de diálogo, a pesar de las diferencias que lógicamente surgirán. Y consideró que "más allá de lo que prohíbe la ley 7.722, hay muchos otros emprendimientos que no están prohibidos y que tampoco avanzan, como es San Jorge. La provincia tiene muchísimos problemas ahora y es necesario cambiar la política minera". De todos modos, adelantó que si el resultado de estas conversaciones no ofrece las soluciones que el sector espera, no tardarán en realizar nuevas medidas legales para que la minería deje de estar paralizada, ya que cuenta con el aval de más de 20 cámaras empresariales y sindicatos.
También adelantó que la CASEM aportará las opiniones de expertos de Naciones Unidas sobre el modo en que otros países han resuelto el tema del uso de determinadas sustancias y los controles respectivos que hacen los estados.
Más optimista, Mario Chabert, titular de la Cámara de Empresarios Mineros, indicó que "es una buena idea del Gobierno y vamos a trabajar fuertemente en las asambleas y en las mesas específicas de cada tema. Como cámara vamos a presentar argumentos científicos sobre lo que deja la minería, el uso del agua, el trabajo con sustancias, etcétera. No vamos a cuestionar la vigencia de la 7.722 sino tratar de explicar por qué un proyecto minero como San Jorge se podría hacer, pues no utiliza las sustancias que prohíbe la ley".
A su turno, desde la Asamblea Popular del Agua se vieron sorprendidos por la convocatoria y si bien estaban anoticiados sobre los planes del Gobierno, expresaron que no han sido invitados formalmente al encuentro, donde se supone ya están inscriptos más de 350 interesados en el tema según datos que proporcionó el propio Ejecutivo en el encuentro con los medios.
Arturo Razuri, miembro de la organización, indicó que "no hemos sido invitados, pero no sabemos aún si vamos a participar, porque no lo hemos debatido y no hemos decidido si es pertinente. De todos modos, nos extraña porque esto es parte de la política a nivel nacional que busca avanzar en las provincias donde está penada la minería de gran escala. Si van a volver a insistir con lo que ya ha sido rechazado, es no querer escuchar la voz del pueblo".
Por supuesto, que desde el Gobierno provincial han afirmado una y otra vez que la ley 7.722 es la matriz desde la cual será desarrollada la actividad minera. "Lo que prohíbe la ley está claro, lo que no está tan claro es lo que permite, y si no está claro eso es muy difícil atraer inversiones a Mendoza", dijo Guiñazú.
Fuente: diariouno.com.ar
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