Se ha hecho una audiencia pública en Fundación (Magdalena), y este mes habrá en Quípama y San Pablo de Borbur (Boyacá).
En total, 49 cabeceras municipales del país tienen la intención de realizar consultas populares o someter a aprobación la minería en sus territorios. Y aunque la tendencia es a que la mayoría respondan de manera negativa, también hay 91 jurisdicciones que, por el contrario, han decidido dar luz verde para desarrollar estas operaciones.
La razón principal por la que el mencionado número de entes locales aprobaron el desarrollo de la actividad en sus territorios no son solo los beneficios económicos, sino además, porque se garantiza un proceso de extracción ambientalmente sostenible.
Uno de los municipios que avaló la continuidad es Barrancas, en el departamento de La Guajira.
Su alcalde, Jorge Cerchiaro, afirmó que “es bueno que se planifique y que se haga una minería bien hecha. En Colombia debe apoyarse esta actividad, siempre y cuando se planifique. Como alcalde y vocero de la Red de Municipios de Entornos Mineros, recomiendo que antes de entrar a un ciclo de explotación se planifique y se prioricen las inversiones que se van a hacer a favor de las comunidades”.
Por su parte Jaqueline Castillo, alcaldesa de Yacuanquer (Nariño), indicó que un desarrollo minero genera calidad de vida en los habitantes de un municipio que desarrolle esta tarea.
“Una minería ejecutada de manera sostenible garantiza que los beneficios económicos sean grandes. Con la caracterización realizada con la Agencia Nacional de Minería (ANM) vamos más seguros y confiables frente a la producción de materiales para construcción”, explicó la burgomaestre.
CONCERTACIÓN
Acatando la orden de los últimos fallos de la Corte sobre el tema minero, la Agencia Nacional de Minería (ANM) trazó una estrategia que fue ejecutada desde los primeros días del presente año. Igual tarea ha realizado la Secretaría de Minas de Antioquia.
Esta consistió en visitar los municipios donde se establecieron mesas de trabajo en las que tuvieron asiento las autoridades locales, comunidades y empresas, para abordar el tema del desarrollo de la minería ‘bien hecha’, y de los beneficios económicos de su operación sostenible.
Como resultado, hasta el momento la ANM ha logrado la concertación con 82 municipios en 19 departamentos, así como la Secretaría de Antioquia con 9 cabeceras.
“Se busca establecer las áreas de interés para la realización de actividades mineras antes de la suscripción de los contratos de concesión, y luego de excluir las zonas que ambientalmente están prohibidas para esta actividad”, señaló la presidente de la entidad oficial, Silvana Habib Daza.
La funcionaria le enfatizó a Portafolio que “con esta información el ente territorial puede entender y concebir la minería como un eslabón para sus actividades productivas, como jalonadora de los otros sectores económicos en su territorio”.
Y precisó que de acuerdo con las sentencias del alto tribunal, además de la concertación con los alcaldes y luego de evaluados los elementos técnicos, económicos y jurídicos, la ANM debe realizar una audiencia de participación ciudadana en la que se presenten todos los proyectos mineros que fueron evaluados como viables para el municipio, y quienes se inscriban para intervenir pueden participar activamente.
“Esta audiencia tiene por objeto que la comunidad se entere de primera mano sobre quiénes van a llegar a desarrollar proyectos mineros, qué tareas van a ejecutar en la operación, así como los posibles impactos ambientales y económicos”, indicó Habib Daza.
Registros de la ANM señalan que hasta el momento se ha realizado una Audiencia Pública en el municipio de Fundación (Magdalena), y durante julio desarrollarán 6 más: Quípama y San Pablo de Borbur (Boyacá); Obando, Sevilla, Cartago y Ansermanuevo (Valle del Cauca).
SINCRONIZACIÓN DE COMPETENCIAS
Para el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel Urdinola, la concertación a la que se ha llegado con 82 municipios de país para desarrollar operaciones extractivas es gracias a que se estableció un camino de diálogo entre los diferentes actores; y no duda en señalar que es un paso para lograr que en estos se desarrolle una operación ambientalmente sostenible, pero al mismo tiempo con beneficios económicos y sociales.
Sin embargo, aclaró que el tema de las consultas populares sigue vigente y que a través de este mecanismo los contradictores de la actividad seguirán buscando prohibirla.
“El Congreso es el único que puede y debe dictar las reglas de juego para sincronizar las competencias del suelo que pertenecen a las entidades territoriales, con las del subsuelo que le pertenecen a la Nación. A través de una reforma a la ley de ordenamiento territorial, con el cumplimiento de los requisitos establecidos, y teniendo en cuenta los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad”, precisó el dirigente gremial.
Y consideró que no hay tarea más urgente que la de definir un marco jurídico que les dé a las autoridades las reglas de juego para desarrollar ese famoso espacio de concertación.
Alfonso López Suárez
Fuente: portafolio.co
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