En un giro histórico, la Corte Suprema de Panamá ha declarado "inconstitucional" la ley 406, revocando el contrato minero que había generado masivas protestas en todo el país. La normativa, aprobada el pasado 20 de octubre, otorgaba a la filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals una concesión para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica.
La decisión de la Corte Suprema llega después de semanas de manifestaciones y disturbios en contra de la explotación minera en una zona protegida, evidenciando la creciente preocupación de la sociedad panameña por los impactos ambientales y la falta de consulta previa.
Este martes, coincidiendo con el bicentenario de la independencia de Panamá, la noticia del fallo unánime de la Corte Suprema fue recibida con celebraciones por parte de activistas y ciudadanos. La presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias, anunció que la ley queda "expulsada del sistema normativo", marcando un precedente importante en el ámbito legal y ambiental.
El presidente Laurentino Cortizo expresó su acatamiento a la decisión judicial y reafirmó la importancia de la justicia en la democracia. Por su parte, First Quantum Minerals, en un comunicado, afirmó estar dispuesta a participar en un "diálogo constructivo" para definir el futuro del proyecto minero.
Este revés para la industria minera refleja la creciente conciencia ambiental y la demanda ciudadana de mayor participación en decisiones que afectan al medio ambiente y al territorio. La revocación del contrato se espera que calme las tensiones en el país, donde las protestas habían generado paro docente y bloqueos de vías.
Este episodio subraya la importancia de la voz ciudadana en la toma de decisiones y destaca la necesidad de un enfoque más sostenible y consultivo en proyectos que impactan directamente en el entorno natural y la sociedad.
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