La Cámara Minera de México (Camimex) advirtió que la propuesta de reforma a la Ley Minera del presidente Andrés Manuel López Obrador repercute directamente en las empresas extranjeras del sector, lo que terminaría en indemnizaciones por parte del Estado a las compañías.
Jaime Gutiérrez, presidente del organismo, consideró que la iniciativa otorga un trato “discriminatorio” a los agentes económicos frente a las empresas paraestatales, lo que desembocaría en arbitrajes internacionales, principalmente bajo el esquema del acuerdo comercial sostenido entre los países de América del Norte, el T-MEC.
“Ya nos han comentado las empresa que ellos llegaron a México a invertir bajo ciertas condiciones que existían en ese momento y no es posible, que a mitad de camino, les cambien las condiciones, tanto en la materia impositiva como de regulación, en donde muchos puntos no tienen ningún sentido, entonces sí habría su implicación de demandas internacionales en paneles del T-MEC”, argumentó en una conferencia de prensa convocada de última hora este miércoles.
El organismo no cuenta con una previsión de a cuánto podrían ascender las indemnizaciones que el gobierno pagaría a las empresas por las modificaciones propuestas, pero Núñez afirma que serían “muy altas” ya que las inversiones del sector son cifras de millones de dólares.
“Es muy difícil (una previsión sobre indemnizaciones), ya que cada mina es diferente a otra. Los montos de inversión pueden ir desde los 2,000 o 3,000 millones de dólares, hasta minas más pequeñas en 200 millones de dólares para estar operando. Es muy difícil homogeneizar esta respuesta, ya que dependería de cada unidad minera”, argumentó.
En lo que va de la actual administración de López Obrador, no se ha entregado ni una nueva concesión minera. En 2018, estaba concesionado para esta actividad, el 10.64% del territorio nacional, índice que para el cierre del año pasado descendió a 8.5%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.
Al mismo tiempo, la Camimex estima que entre los últimos cuatro o cinco años, con motivo de la incertidumbre jurídica, se han detenido cerca de 200 proyectos de exploración. En total, el organismo cuenta con 59 grupos empresariales afiliados que poseen 122 operaciones mineras, las cuales representan el 93% del valor de la producción minerometalúrgica nacional.
Sobre la propuesta del Ejecutivo Federal, que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el pasado 28 de marzo, Núñez consideró que expone un “desconocimiento de la industria”, entre lo que destaca el planteamiento de otorgar concesiones para la explotación de un solo mineral, lo que califica como “imposible” ya que al momento de la extracción son varios los minerales que se obtienen en conjunto.
La iniciativa privada ya se encuentra en búsqueda de un diálogo abierto con los legisladores, y también ha buscado establecer conversaciones con funcionarios del Gobierno Federal en miras de que se obtenga un debate técnico y lógico sobre la situación, pero de no lograrse, las y los empresarios ya están considerando otras opciones.
“De no quedar otro recurso, por supuesto que sí tendríamos que acudir a las autoridades correspondientes y a amparos, pero preferimos en este momento recurrir a una plática, una negociación, por eso es lo que requerimos con urgencia, necesitamos más tiempo para podernos preparar y que también se prepare el personal adecuado del congreso para estas pláticas, pero como último recurso posiblemente no quede más que el recurrir a situaciones legales”, añadió.
De acuerdo con el último Informe Anual del organismo, en 2021 se dejaron de invertir 959 millones de dólares en proyectos de exploración.
Al mismo tiempo, la Camimex estima que la propuesta repercutiría de forma directa en un 30% de los empleos con los que cuenta directamente el sector, cifra que actualmente es de 417,000 colaboradores. De igual forma, considera que repercutiría negativamente en 70 sectores industriales, como el automotriz, el de energía, el químico y el de la construcción, entre otros.
“Se tendría un trato discriminatorio con las empresas paraestatales sobre el asunto del régimen de asignaciones mineras, en los cuales a estas empresas paraestatales no se les impone ninguna limitación y sí nos la impondrían a nosotros”, agregó.
Fuente: expansion.mx
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