Carga regulatoria
Por: Moisés Gómez Reyna
Hoy la competencia por atraer inversiones y crear empleos es cada vez más intensa entre países, estados y ciudades, por lo que no hay lugar para requisitos excesivos y complejidades burocráticas.
A los empleadores y emprendedores no les importa si un trámite es gestionado ante el gobierno federal, estatal o municipal, pero lo que sí les importa es la rapidez con la que pueden abrir su negocio o sucursales y recuperar sus inversiones.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la semana pasada los resultados de su Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2020. La edición anterior se realizó en el año 2016.
De acuerdo con esta encuesta, el 28.2% de las empresas del país considera que el marco regulatorio representa un obstáculo para lograr sus objetivos de negocios, cifra que es mayor al 20.2% que lo consideraba en 2016.
Esta posición la comparten sobre todo las pequeñas empresas y los establecimientos que se dedican a actividades industriales.
En el caso de Sonora, solamente el 4.9% de los empleadores considera las regulaciones gubernamentales como un obstáculo para sus negocios.
Además, en 2020 el cumplimiento de las regulaciones para empresas tuvo un costo monetario estimado de 238 mil 900 millones de pesos, equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
De esta manera, el costo promedio para dar cumplimiento a la carga regulatoria se situó en 95 mil 760 pesos por establecimiento durante el año pasado, mientras que en 2016 era de 58 mil 19 pesos, es decir, se incrementó 65% en 4 años.
En el caso de las microempresas el costo regulatorio se elevó 27% en 4 años y para las empresas dedicadas a los servicios tuvo un incremento del 25% en el mismo lapso.
Respecto a la realización de trámites, se estima que las empresas del país efectuaron en 2020 un total de 79.9 millones de trámites, 4% más que los 76.5 millones realizados en 2016.
Esto representa un promedio de 20.1 trámites por empresa al año.
Es de llamar la atención que a nivel nacional las microempresas realizan solamente un promedio de 16.3 trámites por establecimiento, mientras que en Sonora la media es de 28.7 trámites, 76% más que en el resto del país.
Por otra parte, el 71.5% de los negocios del país percibe como frecuentes los actos de corrupción al 2020, mientras que la proporción era de 82.2% en 2016.
Las entidades donde las empresas perciben con mayor frecuencia actos de corrupción son: Estado de México, Tabasco y la Ciudad de México. En el caso de Sonora, entre los empresarios la percepción de corrupción del 85%.
A nivel nacional, según la encuesta, se estima que en 2020 se efectuaron un total de 961 mil 600 actos de corrupción en contra 204 mil 300 empleadores que fueron víctimas, lo que representa una tasa de 2,400 actos de corrupción por cada 10 mil empresas, por debajo de los 3,055 registrados en 2016.
En el caso de Sonora, la tasa de incidencia de actos de corrupción fue de 3,028 por cada 10 mil empresas, 26% por arriba de la media nacional.
Como vemos en estas cifras que revela el Inegi, es indispensable una mejora regulatoria no sólo en el país, sino también en nuestro estado.
Es importante contar con gobiernos más eficientes por medio de procesos y trámites simples y claros y, con ello, brindar mejores servicios a los ciudadanos y sembrar la semilla de la confianza en los inversionistas, lo que resulta indispensable para aspirar a un mayor crecimiento económico.
Twitter: @GomezReyna