En medio de un clima marcado por la violencia y la incertidumbre, COPARMEX fijó este viernes una postura pública desde Tijuana para advertir que el país enfrenta un desafío que no puede seguir posponiéndose: frenar la expansión de la extorsión y reconstruir la presencia del Estado en territorios donde la ley ha cedido terreno.
El mensaje llega en un contexto tenso. El reciente asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, desató movilizaciones que aún continúan y que evidencian un hartazgo social que atraviesa profesiones, edades y regiones. “México está cansado de vivir con miedo”, se escuchó durante el posicionamiento.
Una crisis que toca a todos
COPARMEX, acompañado por los 71 líderes de sus Centros Empresariales —que representan a más de un centenar de ciudades—, subrayó que la extorsión se ha convertido en el delito más corrosivo para la vida económica y social. No solo afecta a grandes industrias: son las MiPyMEs, el corazón productivo del país, las que hoy operan bajo amenazas y cobros ilegales que ponen en riesgo su supervivencia.
Las cifras dimensionan el problema. En lo que va del año se han registrado 8,585 víctimas de extorsión, un aumento del 5.2%, y en los municipios fronterizos el incremento alcanza el 15.2%. Todo ello sin considerar la cifra negra, cada vez más amplia ante la desconfianza en las autoridades y el temor a represalias.
“Sin presencia del Estado, sin justicia y sin protección, no hay convivencia posible”, advierte el organismo.
Tijuana, símbolo de resiliencia
La elección de Tijuana no fue casual. La ciudad ha atravesado ciclos de violencia severa, pero también ha logrado construir estrategias de coordinación social y gubernamental que han permitido contener tendencias. Para COPARMEX, este ejemplo demuestra que la recuperación es posible cuando existe voluntad política y participación ciudadana.
Un llamado directo a las autoridades
El posicionamiento incluyó llamados puntuales a los distintos niveles de gobierno:
- Al Gobierno Federal, encabezar una estrategia nacional contra la extorsión que trascienda colores partidistas y cierre las redes de colusión que alimentan la impunidad.
- A congresos y autoridades locales, armonizar leyes y asignar presupuestos suficientes para enfrentar el delito.
- A gobiernos estatales y municipales, revisar y profesionalizar sus corporaciones policiales. “No hay estrategia que funcione sin policías capacitadas, confiables y presentes en el territorio”, señalaron.
- Al Senado, dictaminar de inmediato la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, ya avalada por la Cámara de Diputados y considerada clave para ordenar criterios y fortalecer fiscalías.
Responsabilidad compartida
Más allá de las exigencias, COPARMEX también se comprometió a actuar. Entre sus líneas de trabajo se encuentran:
- Elaborar diagnósticos y mapas de riesgo.
- Impulsar pactos locales por la paz.
- Colaborar con universidades y observatorios ciudadanos.
- Mejorar mecanismos de denuncia segura.
- Acompañar a víctimas desde el sector empresarial.
El objetivo, explicaron, es atender tanto la emergencia como las causas profundas: impunidad, desigualdad, corrupción y falta de oportunidades.
México puede vivir en paz
La Confederación cerró su mensaje con una afirmación contundente: México no está destinado a la violencia. “El país merece vivir en paz y va a vivir en paz si cada institución asume su responsabilidad”, señalaron.
Aseguraron que no normalizarán el miedo ni aceptarán la renuncia del Estado a su rol esencial. “Este es el momento de corregir, de actuar y de recuperar la esperanza con hechos”.
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