Los ejidatarios de los municipios de San Dimas en Durango y San Ignacio en Sinaloa levantan la voz en oposición a la posible declaración de cerca de 800 mil hectáreas como zona natural protegida por el Gobierno Federal. Argumentan que esto amenazaría las actividades forestales y mineras en más de 400 mil hectáreas en el municipio duranguense, afectando gravemente la vida económica de la región.
La propuesta de declarar 788 mil 380 hectáreas como zona natural protegida abarcaría el 58 por ciento del municipio de San Dimas, situado en plena sierra madre Occidental. Este plan dejaría fuera solo un pequeño espacio donde se encuentra Tayoltita, una mina esencial para la economía local, que, lamentablemente, quedaría dentro de la zona protegida.
Los ejidatarios, enterados de la propuesta hace apenas una semana, expresaron su sorpresa y descontento al descubrir que sus tierras podrían ser declaradas zona protegida sin su participación en la toma de decisiones. A pesar de las supuestas becas federales ofrecidas como compensación, los ejidatarios argumentan que esto no se compara con los beneficios económicos que obtienen actualmente.
Los afectados incluyen no solo a los ejidatarios, sino también a los trabajadores que dependen de la extracción de madera en los bosques de la región. La posible limitación en esta actividad podría traducirse en una pérdida del 60 por ciento de los ingresos actuales para los ejidos forestales.
Ejidatarios, reunidos en las oficinas de la presidencia municipal de San Dimas, expresaron su desacuerdo y buscaron el apoyo del alcalde para que no firme la declaratoria de zona protegida. El alcalde, Armando Barrón Alvarado, afirmó que se unirá al pueblo en su rechazo a la Zona Nacional Protegida, buscando apoyo de las autoridades estatales.
En San Ignacio, Sinaloa, también se registra oposición por parte de los ejidatarios a la declaración de Zona Nacional Protegida, argumentando que afectaría a miles de trabajadores en esa municipalidad.
La lucha de los ejidatarios se intensifica en defensa de sus tierras y fuentes de sustento. Exigen ser consultados y respetados como originarios de la zona afectada, destacando que esta medida amenaza sus modos de vida tradicionales y los obligaría a desplazarse en busca de sustento para sus familias.
Fuente: El siglo de torreón
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