El pasado 27 de octubre la Cámara de Diputados tuvo un motivo más para enfrentar a los distintos grupos parlamentarios: discutir y aprobar el dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2024. El núcleo del debate giró en torno a los 67,174.7 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación reportó como recuperaciones pendientes de realizar o aclarar.
La intención de esta entrega no es revivir aquella discusión ni tomar partido a favor o en contra de alguna fuerza política. Lo verdaderamente inquietante es la contradicción que revela. Mientras el gobierno federal argumenta una insuficiencia permanente de recursos para justificar restricciones, recortes o mayores cargas para los ciudadanos, siguen acumulándose ineficiencias, subejercicios y anomalías en el manejo del gasto público.
El resultado es una contradicción difícil de justificar. Por un lado se exige disciplina financiera a contribuyentes, asegurados y universidades públicas; por el otro, la propia administración exhibe problemas recurrentes para administrar con eficacia y honradez los recursos que recauda.
Las observaciones formuladas por la ASF son ilustrativas. Entre ellas destacan un subejercicio de 25,002 millones de pesos en IMSS-Bienestar; pagos por 214.9 millones de pesos sin evidencia documental suficiente en procedimientos del Banco de Sangre del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”; y pagos en exceso por 1,232.6 millones de pesos realizados por PEMEX en el Campo Quesqui, por mencionar sólo algunos.
No se trata aquí de debatir la conveniencia particular de cada política pública. La cuestión de fondo es otra: existe una evidente asimetría entre el rigor con que el Estado exige sacrificios a los gobernados y la indulgencia con que suele procesar sus propias irregularidades.
La emisión del acuerdo administrativo que restringe el acceso a la Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, y las recientes modificaciones fiscales que limitan deducciones o postergan el aprovechamiento de pérdidas legítimas, bajo el argumento de la insuficiencia financiera, responden a una lógica común: trasladar los costos de una situación fiscal compleja hacia quienes menos margen tienen para enfrentarlos.
Las universidades públicas también enfrentan una presión semejante. Bajo el argumento de la insuficiencia presupuestal, el gobierno federal ha insistido en que diversas instituciones revisen sus esquemas de pensiones y prestaciones laborales, aun cuando muchas de ellas derivan de contratos colectivos de trabajo legítimamente negociados y constituyen conquistas laborales y sindicales consolidadas a lo largo de décadas.
Se pide sacrificio a unos mientras continúan apareciendo observaciones, fallas de control y posibles actos de corrupción en el ejercicio del gasto dentro de distintas instituciones públicas. Los recientes señalamientos que involucran al INE alimentan una percepción cada vez más extendida: la de un aparato estatal que exige disciplina a los ciudadanos mientras muestra indulgencia frente a sus propias deficiencias.
El ciudadano que incumple recibe sanciones. A las universidades se les exigen ajustes. A los trabajadores se les pide resignación. A los contribuyentes, mayor esfuerzo. Cuando las fallas provienen de las estructuras gubernamentales, en cambio, la responsabilidad parece extraviarse entre procedimientos, justificaciones y competencias compartidas.
¿Cuánto sacrificio puede exigirse a los ciudadanos antes de que el propio Estado tenga que responder por el dinero que administra? ¿En qué momento la insuficiencia presupuestal deja de ser una explicación y se convierte en una coartada?
La legalidad exige algo elemental: que la rigurosidad con la que se restringen derechos y beneficios sea proporcional a la probidad con la que se administra el dinero público. Porque en la cuenta de los sacrificios hay un renglón que el Estado todavía no salda: el de sus propias responsabilidades.
Análisis Guillermo Huízar
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