El reciente aumento en los precios internacionales del oro y la plata ha generado una fuerte expectativa entre inversionistas y productores. Sin embargo, este impulso de los metales preciosos ha venido acompañado de un fenómeno preocupante: la intensificación de actividades del crimen organizado en regiones mineras del país.
Según empresarios y autoridades locales, la escalada de los precios de estos minerales ha convertido a ciertos territorios en focos de disputa. Grupos delictivos han aprovechado la oportunidad para establecer control en áreas productoras, obligando a mineras y pequeños productores a pagar “derecho de piso”, intervenir en la cadena de comercialización o incluso apoderarse de yacimientos.
Las entidades del norte y el centro de México, donde históricamente se concentra la mayor parte de la explotación de plata y oro, reportan un aumento significativo de presiones y extorsiones. Empresarios consultados señalan que la amenaza no solo proviene de bandas que tradicionalmente operan en el narcotráfico, sino también de estructuras criminales que ahora diversifican sus actividades hacia la minería.
“El valor de estos metales en el mercado internacional los vuelve fáciles de transportar y comercializar, lo que los convierte en un objetivo atractivo para quienes buscan ingresos rápidos y con bajo riesgo de rastreo”, comentó un analista del sector, quien prefirió mantener el anonimato.
En varias comunidades mineras, la presencia de grupos armados ha alterado la vida cotidiana. Habitantes relatan un clima de tensión que va desde la imposición de cobros forzosos hasta enfrentamientos con personal de seguridad privada contratado por las empresas. Situaciones de este tipo han provocado que algunos pequeños productores consideren detener sus operaciones por temor a represalias.
Autoridades federales han reconocido que la complejidad de la situación radica en la dificultad para separar la actividad minera legal de la ilegal. La facilidad con que los metales extraídos pueden mezclarse sin controles estrictos, sumada a la falta de supervisión en zonas remotas, ha facilitado que las organizaciones delictivas inserten sus redes en las cadenas productivas.
Sectores empresariales han señalado la necesidad de reforzar la vigilancia y establecer mesas de diálogo con las autoridades para buscar soluciones que permitan proteger las inversiones y la seguridad de las comunidades. También han planteado la urgencia de implementar mecanismos más estrictos de trazabilidad en la producción y comercialización de metales preciosos.
Mientras tanto, en las zonas afectadas, la actividad minera —fuente de empleo e ingreso para muchas familias— enfrenta el reto de convivir con una amenaza creciente. Para los habitantes, el desafío se traduce en cómo mantener la productividad sin sacrificar la paz ni la seguridad.
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