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Lima. Unos mil militares tomaron hoy ""posiciones estratégicas"" en la provincia peruana de Islay, donde protestas contra un proyecto minero dejaron tres muertos y más de 100 heridos, informó el ministro de Interior, José Pérez Guadalupe.
""No es la primera vez que el Ministerio pide ayuda a las Fuerzas Militares. No es una declaratoria de emergencia, la policía sigue al mando y no se han suspendido derechos"", dijo Pérez Guadalupe y agregó que podrían enviar otros dos mil soldados.
Islay, con unos 60 mil habitantes en el departamento andino sureño de Arequipa, está en pie de lucha desde hace más de un mes contra la explotación de la mina cuprífera Tía María por los supuestos riesgos ecológicos.
La mina está dada en concesión a Southern Perú Copper Corporation, propiedad del Grupo México S.A.B. que asegura haber tomado medidas para impedir daños en una zona históricamente dedicada a la agricultura.
El gobierno del presidente Ollanta Humala permitió la presencia castrense en Islay durante un mes, después de que en la mañana de este sábado murió una de las cuatro personas que resultaron heridas el miércoles cuando fueron retenidos por unos 300 manifestantes que los golpearon.
El policía que falleció hoy se sumó así a un agricultor que murió por un disparo de las fuerzas del orden y a un obrero de construcción que según los locales fue baleado por uniformados, aunque Pérez Guadalupe insinuó que fueron delincuentes comunes.
Los habitantes de Islay se muestran inflexibles en que el proyecto, que tiene apoyo de los gobiernos nacional y departamental, pero no del provincial, debe ser olvidado. Intentos de diálogo con cuatro ministros han fracasado por esa posición sin alternativas.
El ingreso de militares se produjo cuando en Islay, a unos 1.000 kilómetros al sur de Lima, predomina el caos.
Al margen de los choques, el caso generó escándalo en las últimas horas, al hacerse público un audio en el que un supuesto portavoz oficioso de Southern, Jesús Gómez Urquizo, negocia en dinero el fin de la resistencia con uno de los principales líderes, Pepe Julio Gutiérrez.
En la charla, los presuntos Gómez Urquizo y Gutiérrez hablan de un posible pago de un millón 50 mil soles (unos 500 mil dólares).
Fuente: La Jornada
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