Falta al arbitro
COLUMNA
La propuesta de reforma constitucional para inhabilitar al INE fue votada en el Congreso de la Unión y no avanzó como esperaba Morena. Para la anécdota quedó la posición de los partidos aliados del gobierno durante la votación del martes pasado.
Tanto el Partido del Trabajo como el Verde Ecologísta tenían serias y manifiestas reservas respecto a la iniciativa presentada en abril por el ejecutivo federal. Ambos sabían que de prosperar esa reforma constitucional, perderían su viabilidad como organismo político y terminarían dependiendo de la voluntad y destino de Morena.
De ahí se explica la espera que, ante la duda sobre el voto del PRI, mantuvieron el PT y PVEM para emitir su voto a favor de la propuesta, el cual no se produjo sino hasta que estuvo garantizada la votación de rechazo a la propuesta por parte del bloque opositor.
Sin embargo, pese al fracaso del intento de reforma constitucional, más adelante en la sesión fue presentado y aprobado el denominado Plan B, consistente en un par de iniciativas que modificaban 6 ordenamientos legales.
La primera iniciativa propone modificar o derogar 255 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 48 artículos de Ley General de Partidos Políticos, expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral que tiene 70 artículos, y además modifica otros 7 artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 29 artículos transitorios.
Por su parte, la segunda iniciativa contempla la modificación de diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Como era de esperarse, el común denominador de las iniciativas es el intento de mermar la fortaleza del sistema electoral, mediante el debilitamiento de sus dos principales órganos: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral (TEPJF).
En términos generales, las iniciativas afectan al INE con medidas tales como la eliminación de su Junta General Ejecutiva, de su Unidad Técnica de Fiscalización y de las Direcciones Ejecutivas de Capacitación y Educación Electoral, las cuales quedarán compactadas con la Dirección de Organización.
Asimismo, determina que los Consejos Locales y Distritales solo existan durante los procesos electorales, lo cual implica alargar curvas de aprendizaje en detrimento de la certeza electoral.
Uno de los elementos más preocupantes es la conversión del PREP en un instrumento inocuo, al empatarlo con el cómputo oficial. Pues hay que recordar que se trata de un recurso que a lo largo de la historia reciente de nuestro país ha dado certidumbre a los ciudadanos sobre los resultados electorales desde la misma noche de las elecciones.
En el mismo sentido, en los trabajos para la implementación del voto electrónico se contempla incorporar la participación del Congreso de la Unión, del INE y del Conacyt, aún cuando este último representa una instancia controlada por el Ejecutivo. Además, prohíbe que el INE y los OPLs inviertan en esta materia sin ceñirse a los trabajos del Congreso, con lo que se vulnera la autonomía e independencia de dos órganos fundamentales para la democracia mexicana.
Otro aspecto que ha llamado sensiblemente la atención es la apertura que se ofrece sobre la posibilidad de usar propaganda gubernamental durante los procesos electorales. Ya que involucra el que se deje de considerar como “propaganda gubernamental” tanto a las expresiones de personas servidoras públicas en relación a las elecciones, como a la información de interés público difundida de manera gratuita por parte de las autoridades.
Finalmente, en el artículo 446 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales se incluyen elementos que establecen una ley mordaza para que no se critique al gobierno.
Sin duda, lo aprobado “a mata caballo” en la Cámara de Diputados durante la madrugada del miércoles requiere de un análisis más profundo y de un debate similar al que aconteció a raíz de la propuesta de reforma constitucional presentada el pasado mes de abril y que concluyó con su rechazo.
Por Moisés Gómez Reyna
@gomezreyna