Una de las grandes conclusiones del Perumin 33 Convención Minera es que requerimos trabajar –conjuntamente y bajo el liderazgo del Ministerio de Energía y Minas- una agenda de largo plazo que nos permita identificar desafíos y oportunidades para el sector.
Fue muy importante que autoridades, empresarios, profesionales, miembros de la academia y asociaciones sin fines de lucro concordáramos en impulsar el diálogo consensuado para adoptar medidas que sumen a nuestro sector y que no constituyan vallas o limitaciones.
Uno de los temas controversiales en aquellas jornadas fue la promulgación de la Ley N°30640 (la denominada Ley de Cabecera de Cuencas), que ordena a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) elaborar una metodología para identificar, delimitar y zonificar las cabeceras de cuenca.
Lo cierto es que, a la fecha, no tenemos una definición científica, técnica ni legal de lo que es “cabecera de cuencas”.
Todas las empresas mineras formales en el Perú obtienen su licencia de operación; luego que el instrumento ambiental (EIA: Estudio de Impacto Ambiental) ha sido discutido y aprobado ante diversas instancias administrativas y población de influencia directa.
Dicho en otros términos, el EIA es el documento técnico donde se presenta la ingeniería que mitiga o elimina el impacto ambiental al entorno; para lo cual las empresas mineras diseñan sistemas hídricos cerrados, de manera que las aguas industriales se recirculen y sólo en caso de excedencia se descarguen previo tratamiento que asegure el cumplimiento de los LMP (límites máximos permisibles).
Definitivamente, la promulgación de la Ley N°30640 constituye una preocupación, no sólo para las empresas, sino para las mismas autoridades, en cuyos planes de desarrollo del país está la puesta en marcha de una cartera de proyectos mineros por más de 51,000 millones de dólares que aportarán a una considerable disminución de la pobreza nacional al año 2021.
Otro de los aspectos analizados fue la permisología vigente. Según expuso la ministra de Energía y Minas, Dra. Cayetana Aljovín, en el año 2005 habían 23 normas legales aplicadas al sector. Al 2016, las normas ascienden a 265, generando letargo en los trámites y permisos, además de pérdidas económicas al sector; constituyendo por tanto, un desaliento para las nuevas inversiones.
La ministra Aljovín señaló que la solución a este problema será fundamental para los cuatro objetivos planteados desde su cartera: fomentar nuevas exploraciones (el desafío es captar el 8% del presupuesto global de la inversión en exploración al 2021); viabilizar los proyectos mineros en cartera; garantizar la continuidad de las operaciones existentes e implementar una nueva estrategia de formalización para la minería artesanal.
Desde luego, como IIMP, reiteramos nuestra voluntad de aportar con conocimiento técnico al logro de estos objetivos, pues serán determinantes para el desarrollo del país.
Reiteramos que la minería no es una actividad de corta duración, sino que requiere ser diseñada desde una perspectiva estratégica, con una agenda de largo plazo, generada a través del diálogo, consenso y compromiso.
El panorama del sector minero está a favor de nuestro país. Tenemos una vasta cartera de proyectos para los próximos años y el mercado de metales muestra buenas perspectivas. Aprovechémoslo!. De manera que en el próximo Perumin 34, no solo analicemos los grandes avances esperados, sino comentemos los resultados alcanzados.
Por Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
Fuente: gestion.pe
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