A juicio de expertos internacionales y nacionales invitados a las “XIII Jornadas Internacionales en Derecho Minero – energético” la inseguridad jurídica es uno de los grandes problemas que afectan a esa área de la economía.
Entre los panelistas internacionales convocados, intervino Ariel Bergmann del Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law & Policy, Dundee University (Escocia, Reino Unido), quien denunció la inestabilidad jurídica colombiana que afecta necesariamente las inversiones en este campo e invitó a formular una política más consistente en esta materia: “Colombia se conoce como un sistema legal y regulatorio inestable, se están perdiendo millones de inversiones y se seguirán perdiendo si no se le pone atención a esta problemática”, apuntó Bergmann.
Para el experto, el objetivo de las entidades regulatorias en minería y energía debe ser el de conseguir inversionistas que más que buscar una ganancia económica generen beneficios sociales. Además, exhortó al país a caer en la cuenta de que estas empresas, que hacen inversión en el sector minero, más allá de generar dinero son parte vital del desarrollo del país, según su punto de vista.
“Para alcanzar el éxito en el mercado de la energía se debe contar con transparencia, objetivos bien definidos, estabilidad y reformar el mercado”, añadió el economista.
Por su parte, Adriana Martínez, docente del Departamento de Derecho Minero-Energético del Externado, calificó de insuficientes las políticas públicas del Gobierno Nacional en el campo minero-energético. Además, se refirió a las diferentes problemáticas que afectan el sector, entre las que mencionó la cuestión ambiental; la de seguridad; los conflictos con las minorías étnicas; el acceso a la tierra y los altos costos que se cobran en la renta minera y a las regiones productoras de petróleo.
Entretanto, Ángela Fonseca, del Departamento Nacional de Planeación presentó una explicación del Catastro multipropósito, que beneficiará a la economía en general y al sector minero en particular, en la medida en que en todas las zonas rurales del país existirá un sistema claro de registro de los predios que arroje información no solo para la liquidación de impuestos, sino para conocer las características productivas de ocupación y pueda ser utilizado para los planes de ordenamiento territorial de los diferentes municipios.
Durante el encuentro, que contó el aporte de académicos expertos en el tema y representantes del sector público minero-energético, también se analizó la estabilidad de la inversión, la conveniencia de los acuerdos de inversión, la relación con las autoridades territoriales y las comunidades, la evaluación del desempeño del mercado eléctrico y, por último, la política nacional de hidrocarburos de cara a las oportunidades en explotación off-shore (costa afuera).
Fuente: uexternado.edu.co
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