La crisis de caja

Las grandes crisis fiscales rara vez comienzan cuando un Estado deja de ser solvente. Comienzan mucho antes, cuando deja de tener liquidez.

Sin embargo, el debate económico mexicano lleva años concentrado en la variable equivocada. La discusión gira alrededor del saldo de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, como si ese indicador bastara para diagnosticar la salud financiera del Estado. El dato importa. Pero, por sí solo, dice mucho menos de lo que suele suponerse.

La verdadera fortaleza de unas finanzas públicas no depende únicamente del tamaño de sus pasivos. Depende, sobre todo, de la capacidad permanente para generar los ingresos con los que habrá de pagarlos. La diferencia parece técnica. En realidad, separa la solvencia de la liquidez.

Desde una perspectiva estrictamente financiera, la deuda mexicana conserva fortalezas importantes. Predomina el financiamiento en moneda nacional, colocado mayoritariamente en el mercado interno, contratado a tasa fija y con vencimientos suficientemente largos para evitar presiones inmediatas de refinanciamiento. El problema no se encuentra, por ahora, en la arquitectura de la deuda. Se encuentra en la arquitectura de los ingresos.

Porque un Estado no paga sus obligaciones con porcentajes del PIB. Las paga con ingresos corrientes. Y ahí comienza la verdadera vulnerabilidad.

Mientras el costo financiero de la deuda y el sistema pensionario —contributivo y no contributivo— absorben conjuntamente alrededor de ocho puntos del producto, la recaudación tributaria del país, excluyendo las contribuciones de seguridad social y el IEPS (porque su naturaleza y mecánica de funcionamiento no corresponden a un impuesto), apenas alcanza trece puntos del PIB. La discusión deja entonces de ser contable para convertirse en institucional.

Cuando la mayor parte de los ingresos ya tiene destinatario antes de ingresar a la Tesorería, el presupuesto deja de ser un instrumento de política pública para convertirse en un ejercicio de administración de obligaciones heredadas.

Ésa es la fragilidad que las estadísticas convencionales no muestran.

El verdadero problema del Estado mexicano no consiste, por ahora, en la magnitud de su deuda. Consiste en el reducido margen de libertad que conserva una vez cubiertos sus compromisos inevitables. Cada peso destinado al pago de intereses y pensiones es un peso que deja de financiar infraestructura, seguridad, salud, educación o innovación. Poco a poco, el presupuesto deja de construir el futuro para administrar decisiones tomadas en el pasado.

Por eso la pregunta relevante ya no es cuánto debe México. La pregunta verdaderamente importante es cuánto margen financiero conserva todavía para decidir.

Y esa pregunta conduce inevitablemente a otra. ¿Debe el país esperar a que las finanzas públicas entren en una situación crítica para modernizar su sistema tributario? La experiencia internacional demuestra que las grandes reformas fiscales rara vez se emprenden por convicción; con frecuencia se adoptan cuando la realidad ya no concede alternativas. Persistir en esa postergación tendría un costo mucho mayor que el estrictamente fiscal. Un Estado cuya capacidad de decisión se reduce año tras año termina reaccionando a las urgencias en lugar de conducir el desarrollo. La modernización del sistema tributario no debería surgir del colapso financiero, sino de una decisión deliberada de fortalecimiento institucional. Cuando las reformas sólo llegan porque la realidad ya no admite demora, el margen para diseñarlas casi siempre se ha perdido.

La fortaleza de un Estado no consiste únicamente en honrar sus obligaciones. Consiste en conservar la libertad presupuestaria necesaria para gobernar. Porque un país comienza a perder margen de decisión mucho antes de dejar de pagar sus deudas. Empieza a perderlo cuando la mayor parte de sus recursos ya tiene destino antes de que el presupuesto siquiera comience a discutirse.

Autor Guillermo Huízar