La extorsión: una tributación criminal
En amplias regiones del país, el empresario mexicano ya no paga una sola contribución para operar.
Paga dos.
Una al Estado.
Otra al crimen organizado.
La reciente política de simplificación administrativa anunciada por el Ejecutivo Federal, orientada a reducir la carga burocrática y agilizar la inversión, parte de una premisa técnica correcta pero profundamente incompleta. La desregulación puede mejorar parcialmente el ambiente de negocios, pero el verdadero costo de operación para buena parte del sector productivo mexicano ya no reside únicamente en los formularios oficiales ni en la maraña administrativa. Hoy existe una doble tributación de facto: la contribución constitucional y la tributación criminal.
La primera encuentra fundamento en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución. A partir de ella se construye el sistema tributario mexicano y la potestad del Estado para recaudar las contribuciones vigentes. Sin embargo, incluso ese sistema luce insuficiente para sostener las obligaciones elementales del propio aparato público. Apenas quince puntos del PIB —sin considerar seguridad social— representan la dimensión real de la capacidad tributaria mexicana, una cifra estructuralmente insuficiente para una economía integrada a la OCDE, convertida ya en potencia manufacturera regional y con obligaciones crecientes de Estado moderno.
Pero el segundo sistema de recaudación ni siquiera necesita reconocimiento constitucional para existir.
Opera en la sombra.
Y en muchas regiones del país lo hace con una naturalidad inquietante, propia de las historias de Stephen King, donde la comunidad aprende lentamente a convivir con el horror hasta volverlo rutina. El “derecho de piso” ya no es solamente una expresión criminal aislada; es un mecanismo sistemático de extracción de riqueza.
Desde una perspectiva económica, la extorsión debe entenderse como una externalidad negativa que funciona como un impuesto regresivo e invisible. Mientras el sistema tributario formal se sostiene —al menos en teoría— sobre principios de proporcionalidad y capacidad contributiva para financiar bienes públicos, siendo la seguridad el más elemental de ellos, el “derecho de piso” representa una exacción paralela de soberanía.
El crimen organizado, al fijar cuotas de operación, no sólo delinque: ejerce una gobernanza criminal que compite directamente con la facultad recaudatoria del Estado.
El impacto de esta patología distorsiona incluso las reglas naturales de formación de precios. Cuando una organización criminal determina tiempos de cosecha en el sector agroindustrial o fija tarifas al transporte de mercancías en corredores logísticos estratégicos, está imponiendo un auténtico arancel interno. Ese “impuesto criminal” frecuentemente supera los márgenes de utilidad operativa y obliga a una de dos consecuencias inevitables: la quiebra del negocio o la incorporación del moche a la cadena de costos que termina pagando el consumidor final.
No se trata de una fluctuación de oferta y demanda.
Se trata del costo económico que produce la erosión del Estado de Derecho.
En el contexto del nearshoring, esta doble tributación anula incluso la ventaja geográfica mexicana. De poco sirve digitalizar ventanillas o acelerar permisos de inversión cuando el costo de supervivencia —seguridad privada, blindaje, logística protegida y pago de cuotas— erosiona el retorno esperado del capital.
Para el inversionista global, la eficiencia administrativa jamás será más importante que la certeza jurídica.
Un país donde el contribuyente paga al Estado por el derecho de producir y al crimen por el derecho de sobrevivir, empieza a normalizar la fragmentación de su soberanía.
Y ahí reside el verdadero nudo gordiano.
El problema económico mexicano ya no es únicamente burocrático, tributario o incluso fiscal. Es la coexistencia de dos estructuras de recaudación sobre un mismo territorio: una constitucional y otra criminal. México convive así con múltiples estructuras de exacción económica, algunas constitucionales, otras criminales y otras más instaladas en zonas grises donde el favor político y el “diezmo” sobreviven como prácticas silenciosamente normalizadas.
México no enfrenta solamente un problema de baja recaudación.
Enfrenta algo mucho más delicado: la fragmentación progresiva de su soberanía.
Porque cuando el crimen cobra por producir, transportar o trabajar, la discusión deja de ser exclusivamente económica.
Empieza a revelar una disputa elemental sobre quién ejerce realmente la soberanía dentro del Estado mexicano.
Autor: Guillermo Huízar