La Junta otorga 37 concesiones de derechos mineros en los últimos seis años y 69 permisos de investigación, España
La Junta de Castilla y León otorgó en los últimos seis años 37 concesiones de derechos mineros que concluyeron en explotación, más otros 69 permisos de investigación o exploración, muchos de ellos aún vigentes, entre los que existe la esperanza de poder encontrar el mineral buscado para radicar infraestructuras que contribuyan a crear riqueza y empleo en el medio rural, principal espacio en el que se solicitan estas instalaciones.
La decadencia del sector de la minería del carbón ha encontrado su contrapunto en el interés por el desarrollo de proyectos de minería del wolframio -utilizado ahora para la industria de iluminación, lejos del sector armamentístico del siglo XX- y el hierro.
También los minerales radiactivos, como el uranio -sólo en la provincia de Salamanca- y otra minería de menor dimensión económica, pero muy estable, como las arcillas especiales y caoliníticas, con importantes aplicaciones como material de carga en la industria del papel para dar satinado y blancura, como extensor de pigmentos en pinturas, en la industria cerámica como principal componente de la porcelana, sanitarios y refractarios y como relleno y pigmentos de productos de caucho, plásticos y tintas.
Estos derechos mineros, en su conjunto, ocupan unas 5.000 cuadrículas mineras, equivalentes unas 150.000 hectáreas.
Según un documento al que ha tenido acceso Ical, las inversiones en investigación en los últimos seis años superan globalmente los 10 millones de euros. No obstante, es en la fase de implantación de proyectos de explotación donde se realiza el mayor desembolso en instalaciones y plantas de tratamiento, sobrepasando ampliamente los 100 millones de euros en conjunto, partida que se materializa, en cada caso concreto, en un entorno temporal de uno a tres años, A ello se suman los costes operativos.
El director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, señaló a Ical que la mayoría de estas empresas que explotan calizas, arenas, gravas, arcillas, areniscas y pizarra son españolas y con una "base operativa grande en Castilla y León". Algo que no sucede con la minería metálica, como es el caso del wolframio. "Suelen ser multinacionales", relata.
Así ocurre en las localidades de Los Santos, en una mina explotada por los canadienses de Grupo Almonty, y en Barruecopardo, con la empresa Saloro, de capital irlandés, y que según indica en su página web, desde su creación en 2004 ha invertido cerca de 13 millones de euros en estudios y trabajos de preparación. La primera ya está operativa, mientras que para la segunda, la Junta confía "en que funcione en breve" tras los trámites que faltan. "Aquí hay una corta ya hecha. Está previsto que si en unos años el precio del wolframio sigue estando bien, se amplíe con una explotación en subterráneo. Será una de las pocas minas de este tipo en Europa", manifiesta.
Plan de actuaciones presupuestado
En cada permiso, el solicitante presenta un plan de actuaciones con un presupuesto determinado. "Lo más importante son las catas y sondeos, perforaciones y muestras, que suele emplear personal, pero nunca es fijo en los permisos de investigación, porque es durante un tiempo concreto".
Lo que sí confirmó es que cada inversión de estas empresas conlleva el pago de unas tasas al Gobierno regional, que en los últimos seis años ha supuesto el ingreso en las arcas regionales de 300.000 euros. A ello se suman las tasas de tramitación de planes de labores y autorizaciones de proyectos específicos vinculados a la actividad minera desarrollada en los mismos, que triplica esta cantidad y la sitúa en el entorno del millón de euros.
Mientras, en el ámbito local también produce "efectos significativos en los ingresos por la vía de las licencias necesarias para el desarrollo de la actividad, impuestos sobre instalaciones y oficinas.
En este sentido, el director general de Energía y Minas detalló que "normalmente" se opera siempre con concesión derivada, "que supone que un permiso de investigación ha dado los resultados apetecidos". Cuando la concesión es directa, las cuales admitió que se procuran entregar "las menos posibles", significa que "se prevé que es un recurso más que explorado y existen altas posibilidades de tener éxito".
"Lo que son una realidad son las concesiones, bien en fase de solicitud o comprobadas. Que existe yacimiento, con una ley suficiente de ese material. Eso lleva presentar un permiso", señaló.
Sin embargo, manifestó que la mayor parte de los permisos de investigación "no termina en concesión". "Pasa muy a menudo con el oro. Es fácil que haya un poco y que se detecte, pero la calidad y la cantidad no es rentable porque el ratio de tierra que hay que mover para encontrarlo es tan alto que no es rentable explotarlo", argumentó.
De hecho, llama la atención el número tan alto de solicitudes para permisos de investigación de derechos mineros vinculados al oro, sobre todo en León, donde aún pesa la relevancia histórica de Las Médulas. Pero González Mantero aclaró que "hasta ahora", las peticiones de este mineral "no han llegado nunca a nada". "Ninguna se ha considerado suficientemente buena como para su desarrollo. Hay indicios de oro y es bueno que se investigue, pero se suelen quedar en eso", matizó.
Al respecto sostuvo que en León hay solicitudes "paralizadas por recursos administrativos". No obstante, los permisos para el oro los cursan, principalmente, empresas españolas, que cuentan con estudios de geólogos que hacen una primera valoración del recurso y ellos mismos, si tiene suficiente ley, "siguen con ello y es más asequible económicamente".
Las cifras que se pueden barajar en función de los recursos investigados son "muy heterogéneas", según la Junta, con inversiones que van desde los 100.000 euros por proyecto de investigación para rocas ornamentales, hasta otras de varios millones de euros tanto en investigación de yacimientos metálicos o radiactivos. Incluso, como ejemplo de las fuertes inversiones que requiere el desarrollo de la actividad, en la Comunidad se han superado los cinco millones de euros sólo para un sondeo de investigación unitario.
González Mantero deslizó que el largo plazo al que se plantean los proyectos mineros, superiores a los 10 años, "crean sinergias en la población y en el tejido industrial del entorno de las explotaciones, que es necesario gestionar adecuadamente para beneficiarse del efecto multiplicador, creando industria auxiliar y de transformación".
Minería emergente
Entre la minería emergente, uno de los sectores que constituye un sector "importante" en Castilla y León, subrayó, es la investigación y explotación de feldespatos, con aplicaciones en la industria del vidrio y la cerámica y como material de carga de plásticos cauchos, adhesivos y selladores.
Igualmente, hay un "creciente interés en la revaluación de yacimientos de casiterita como mena del estaño", cuya aplicación industrial más importante es el recubrimiento anticorrosivo de los envases de conservas alimenticias, utilizándose por su bajo punto de fusión en electrodos de soldadura y recubrimientos antifricción de elementos metálicos sujetos a fuerte desgaste.
"Nuestra Comunidad tiene un alto potencial minero que es necesario cuidar y administrar equilibradamente como importante generador de riqueza", destacó el director general, quien finalizó que las competencias en esta materia están transferidas a los gobiernos autonómicos, pero con una ley en vigor que preconstitucional, de 1973 que, de momento, no impide que sean los ejecutivos regionales los que otorguen las autorizaciones y los establecimientos de beneficio.
Sólo hay una excepción, el uranio, cuyas plantas de tratamiento son instalaciones radioactivas "de primera categoría y son competencia estatal", como la de Berkeley en Salamanca. Aunque solo a nivel de autorización, porque la declaración de impacto ambiental corresponde también a la Junta.
Fuente: ileon.com