El rescate de los 63 trabajadores atrapados en la mina Pasta de Conchos tras una explosión en 2006 sigue siendo una deuda histórica sin saldar por el Gobierno mexicano. La búsqueda de justicia y reparación integral para las familias afectadas persiste, dejando al próximo presidente con una herencia marcada por la tragedia.
A través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Gobierno ha destinado más de mil 945 millones de pesos para las obras de localización y rescate de los mineros, según datos abiertos del organismo. Sin embargo, los avances han sido limitados, prolongando la agonía de las familias que esperan respuestas desde hace 18 años.
Entre 2020 y 2024, la CFE emitió 45 licitaciones, pero 19 resultaron desiertas, generando demoras significativas. El contrato más cuantioso, por mil 164 millones de pesos, fue otorgado a Proacon México S.A de C.V. para la construcción de rampas de acceso y túneles de conexión. A pesar de la inversión, el progreso es lento, con las rampas de acceso y ventilación alcanzando solo el 59% de avance según el informe más reciente del 9 de enero de 2024.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha prometido impulsar el rescate desde su campaña en 2018, se comprometió a emitir un decreto para que la tarea continúe en la siguiente administración en caso de no lograr el rescate antes de concluir su mandato. Aunque esta medida tranquiliza a algunas familias, persiste la incertidumbre sobre el futuro de la operación y la conclusión de la obra.
El compromiso de López Obrador de reunirse con las familias en abril para discutir el rescate y volver en junio tras las elecciones refleja la importancia del tema en la agenda gubernamental. Sin embargo, la pregunta clave es si estas acciones se traducirán en avances significativos y en el cumplimiento de las demandas de las familias afectadas.
La activista Cristina Auerbach, fundadora de la Organización Familia Pasta de Conchos, señala que, a pesar de los retrasos, las familias están contentas con el compromiso presidencial, pero insiste en la necesidad de concluir la obra independientemente de la transición de administraciones.
La tragedia de Pasta de Conchos ha dejado una huella indeleble en la memoria colectiva de Coahuila, donde la industria minera ha sido testigo de otros accidentes mortales. La falta de sanciones y la ausencia de investigaciones formales en la Fiscalía de Coahuila reflejan una larga historia de olvido por parte de las autoridades federales.
A pesar de las promesas reanudadas por el Gobierno de López Obrador, la deuda con las familias de Pasta de Conchos persiste, recordándonos la necesidad urgente de justicia y seguridad en la industria minera para evitar futuras tragedias.
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