Durante el foro del agua en la convención minera Perumin 37, el ministro peruano de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, desató controversia al declarar:
“La minería tiene prioridad sobre el agua, la agricultura puede esperar, un proyecto minero no.”
La afirmación del funcionario ha provocado un intenso debate en Perú y ha captado la atención internacional por el impacto que puede tener en las políticas hídricas y en la relación entre minería y agricultura, dos sectores estratégicos para el país andino.
Prioridad para la minería
Manero explicó que, en situaciones de escasez o decisiones urgentes, el agua debe destinarse primero a la minería, argumentando que esta actividad genera flujo de caja inmediato, que luego puede financiar proyectos agrícolas.
El ministro aseguró que su gestión ha impulsado un “cambio de lógica importante” al apoyar todos los proyectos mineros y agilizar los permisos. Indicó que en los últimos doce meses se han destrabado proyectos por 18 mil millones de dólares, y que en 2025 se aprobaron iniciativas por más de 9 mil millones de dólares.
Asimismo, mencionó que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) está identificando los permisos pendientes para garantizar que el sector minero no enfrente retrasos.
Plan de represas y aprovechamiento de recursos hídricos
El funcionario destacó que el Perú cuenta con abundantes reservas hídricas, aunque lamentó que solo el 3 % se almacene. Señaló que el 95 % de los caudales fluyen hacia la cuenca atlántica, mientras que las zonas costeras —donde se concentra la agricultura— requieren mayor infraestructura.
Como parte de la solución, anunció la construcción de 25 represas con una inversión de 24 mil millones de dólares. Entre los proyectos más relevantes mencionó:
- La represa del Bajo Tambo, impulsada por la minera Southern Perú, que permitiría ampliar la frontera agrícola en 10 mil hectáreas.
- La represa Yanapujio, destinada a consolidar y proteger las áreas de cultivo actuales.
Reacciones y controversia
Las declaraciones de Manero provocaron fuertes críticas por parte de organizaciones agrarias, académicos y defensores ambientales, quienes advirtieron que priorizar el uso del agua para la minería podría afectar la seguridad alimentaria y generar conflictos sociales.
Entre los principales cuestionamientos se señalan:
- Contradicción institucional: que el ministro a cargo de la agricultura dé prioridad a la minería.
- Riesgos para las comunidades rurales: la posibilidad de relegar inversiones agrícolas esenciales.
- Impacto ambiental: preocupaciones sobre la viabilidad y las consecuencias de los megaproyectos hídricos.
- Equidad en el acceso al agua: temores de que los grandes proyectos mineros concentren el recurso en detrimento de los agricultores.
Un debate que trasciende fronteras
La postura de Ángel Manero ha puesto en el centro del debate internacional el desafío de equilibrar la explotación minera, que representa una de las principales fuentes de ingresos para Perú, con la gestión sostenible del agua y el desarrollo agrícola.
El caso peruano refleja la tensión que viven muchas economías dependientes de los recursos naturales, donde la búsqueda de inversión y crecimiento choca con la necesidad de garantizar seguridad hídrica y alimentaria.
Fuente: infobae
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