La consulta relativa a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias propuesta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones terminará el 21 de agosto. Su resultado difícilmente sorprenderá: será favorable a la idea de proteger los derechos de las audiencias. La pregunta interesante comienza después.
Porque una cosa es que la sociedad legítimamente deba ser protegida ante la desinformación, y otra, muy distinta, quién decide cómo hacerlo.
La libertad fundamental es que una persona escuche, lea, contraste y forme su propio juicio.
Nadie sensato puede objetar la protección de las audiencias. Una democracia necesita información plural y responsable. También es razonable distinguir información de opinión. El problema aparece cuando una obligación profesional se convierte en una obligación administrativa susceptible de ser juzgada y sancionada por la autoridad. El anteproyecto propone que la información transmitida sea veraz y no descontextualizada. Parece razonable, hasta que aparece una pregunta incómoda:
¿Quién decide cuándo una información dejó de ser suficientemente veraz?
La Suprema Corte ha sostenido que los derechos de las audiencias incluyen la distinción entre información noticiosa y opinión, y ha señalado un deber de diligencia para su identificación. También ha advertido que estos derechos forman parte de la protección de la libertad de expresión y del acceso a la información.
Una cosa es exigir diligencia al periodista. Otra es que una autoridad determine después si aquello que transmitió fue suficientemente veraz o estuvo eficazmente contextualizado. ¿Qué ocurre cuando el criterio de la autoridad y el del periodista no coinciden?
El problema deja de ser informativo. Se convierte en un problema de poder. No es una preocupación imaginaria. Ecuador, bajo Rafael Correa, ya recorrió una parte de este camino con mecanismos administrativos para intervenir sobre contenidos y categorías como la información descontextualizada. Venezuela, en tiempos de Hugo Chávez, ofrece otra advertencia. En el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV), la Corte Interamericana examinó la decisión del Estado de no renovar la concesión del canal y concluyó que aquella medida restringió la libertad de expresión. Advirtió, además, que el trato dado a su línea editorial podía producir un efecto inhibidor sobre otros medios.
No se trata de decir que México sea Ecuador o Venezuela. Se trata de observar los mecanismos.
Y hay una incomodidad adicional.
No es la primera vez que una decisión del Estado mexicano entra en tensión con el sistema interamericano de derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa es un ejemplo reciente. En García Rodríguez y otro vs. México, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado y el caso permanece bajo supervisión de cumplimiento.
No son asuntos iguales. Pero plantean una misma pregunta institucional: ¿Nos estamos alejando de los límites que alguna vez aceptamos —e incluso ayudamos a fortalecer— para proteger los derechos fundamentales?
Ahora la materia es otra. La palabra.
El Estado quiere protegernos de la información falsa, de la manipulación, de la desinformación. La intención parece irreprochable. Pero proteger al ciudadano de la mentira exige determinar qué es mentira. Protegerlo de la descontextualización exige determinar cuál es el contexto correcto. Protegerlo de la opinión disfrazada de información exige decidir dónde termina una y comienza la otra. Y entonces aparece la pregunta que quizá debimos formular desde el principio:
¿Hasta dónde puede llegar el Estado cuando decide protegernos incluso de aquello que nosotros mismos escuchamos, leemos o pensamos?
La libertad de expresión no consiste en que el Estado nos garantice que nunca seremos engañados. Consiste, entre otras cosas, en que podamos escuchar, contrastar, equivocarnos y formar nuestro propio juicio. La democracia no necesita una autoridad que certifique la realidad. Necesita ciudadanos capaces de discutirla.
Quizá no estamos ante una mordaza. Parece más una venda. No para impedirnos hablar. Ni siquiera para impedirnos escuchar. Una venda para evitar que miremos aquello que alguien ha decidido que sería mejor que no viéramos.
Quizá no estemos protegiendo al ciudadano de la realidad.
Quizá estemos protegiendo al Estado de que el ciudadano pueda verla.
Autor: Guillermo Huízar
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