La prioridad para la empresa siempre serán sus trabajadores y sus familias, aseguró Grupo México en un comunicado en el que destaca que, en una comunidad como Sombrerete, Zacatecas, que depende completamente del trabajo que desarrolla la mina San Martín, sus habitantes pueden tener certeza de que se labora con apego a la legalidad y con instalaciones seguras, modernas y sustentables.
Por ello, dice, es positiva la apertura de un Panel de Solución de Controversias, que finalmente dé tranquilidad a todos los habitantes de Sombrerete sobre el cumplimiento de los derechos laborales en esta mina, por parte de Industrial Minera México (IMMSA).
Lo anterior en relación con la solicitud del Gobierno de los Estados Unidos, para abrir un Panel bajo las reglas del T-MEC en el que se defina si existió o no denegación de derechos laborales en la Mina de San Martín.
En su comunicado, Grupo México informa que luego del levantamiento de la huelga, en 2018, la unidad minera San Martín ha recibido inversiones por más de 105 millones de dólares, en sus instalaciones se producen anualmente más de un millón 250 mil toneladas de mineral y se generan cerca de mil 300 empleos.
En este sentido, IMMSA precisa que “la empresa asume este proceso como una oportunidad para que se confirme, de una vez por todas, que nunca ha violado la Ley y menos ha impedido que sus trabajadores ejerzan sus derechos constitucionales a tener un trabajo digno y afiliarse a la organización sindical de su preferencia”.
Industrial Minera México, dice, confía plenamente en la actuación de las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social en el caso de la mina de San Martín, actuación que siempre ha sido apegada a la ley y ha garantizado el pleno respeto a la libre voluntad de sus trabajadores para ejercer sus derechos. No obstante, el conflicto ha seguido, impulsado por el ex dirigente de los trabajadores Napoleón Gómez Urrutia.
“No existe justificación para haber arrebatado a un grupo de trabajadores mineros la mitad de su vida laboral argumentando la existencia de una supuesta huelga”, señala.
Reitera que fue Gómez Urrutia quien presentó la queja que dio origen a este proceso y lo hizo con un doble propósito: “tener un nuevo pretexto para ignorar el laudo definitivo que lo condena a pagar 55 millones de dólares más rendimientos acumulados desde 2005 a extrabajadores mineros y generar conflictos para presionar por un nuevo cargo político que le permita conservar fuero”.
En su posicionamiento, afirma que para la mina de San Martín es importante que se ponga punto final a este episodio que ya ha perjudicado a muchos trabajadores y a sus familias por más de 15 años y que se confirme que en ese centro de trabajo no subsiste huelga alguna y es voluntad de los trabajadores continuar laborando.
Fuente: sergiovalle
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