‘Minería responsable' no es un eslogan ni un concepto, más bien es una actitud que asumen las empresas mineras serias que sustentan el desarrollo de sus operaciones considerando tres ejes fundamentales: técnico-económico, ambiental y social.
La sustentabilidad minera se obtiene cuando se interrelacionan los siguientes factores: -Conocimiento geológico; ningún metal en la corteza terrestre se considera recurso mineral, si no es debidamente conocido y evaluado. -Tecnología y creación del recurso mineral; aun cuando se conozca y evalúe el yacimiento mineral, no se considera recurso minero hasta que se descubra la forma de utilizarlo económicamente. -Viabilidad económica y ambiental; además del conocimiento geológico y de la tecnología apropiada, el yacimiento mineral solo puede ser considerado un recurso disponible en función de su viabilidad, económica y ambiental.
En el aspecto social, actualmente las empresas aplican lo que se denomina la Responsabilidad Social Empresarial que implica incluir las expectativas de todos los grupos de interés relacionados a la actividad empresarial.
Sin embargo, este modo de actuar empresarial tiene un carácter asistencialista.
De ahí que en algunos países mineros del Cono Sur se ha considerado abordar el concepto de Responsabilidad Social Empresarial desde un nuevo punto de vista: Responsabilidad Social Empresarial Compartida, mediante la cual la empresa, el Gobierno central, los Gobiernos locales y regionales, las universidades, ONG, comunidades y sociedad civil se proponen alcanzar un objetivo común de desarrollo sostenible e inclusivo.
No es ni debe ser la empresa la panacea para aliviar o mejorar las condiciones de bienestar de las comunidades aledañas a la operación minera.
Hay que comprender el aporte del sector minero al desarrollo del país; por consiguiente los Gobiernos, empresas y comunidades deben cumplir su rol manteniendo un diálogo constructivo y ser socialmente responsables.
En este sentido el compromiso de las empresas mineras es trabajar como lo hacen en los países desarrollados, reconociendo la importancia de integrar los aspectos económicos, laborales, sociales y ambientales en la toma de decisiones.
Por su parte el papel de los Gobiernos radica en asegurar un clima de inversiones competitivo, definir reglas y procedimientos administrativos para los procesos de participación ciudadana y tener la capacidad de sumar esfuerzos y establecer alianzas constructivas con las empresas mineras y organizaciones civiles.
Deben requerir buenas prácticas ambientales y sociales, asegurar información adecuada para las comunidades y exigir el cumplimiento de las normas, así como hacer una eficaz fiscalización e informar adecuadamente a la población.
Deben proveer a la comunidad los servicios básicos y asegurar la distribución equitativa de los beneficios, a fin de que los Gobiernos locales hagan un debido uso de los mismos.
El rol de las comunidades es trascendental, pues deben contribuir con la competitividad de las empresas.
Tienen que estar bien informadas sobre los avances y resultados de la empresa, tratar de integrar los objetivos de la empresa con sus propios intereses, construyendo así relaciones de confianza y respeto mediante el diálogo participativo y no solo con los dirigentes, así como desarrollar capacidades que faciliten el trabajo conjunto para aprovechar las oportunidades de negocio que puedan generar indirectamente las empresas.
En conclusión, la minería responsable aporta beneficios: mayor confianza y lealtad al inversionista, procesos más reducidos y menos contenciosos para obtención de permisos como resultado de mejores relaciones con las agencias reguladoras, mejores relaciones comunitarias y de colaboración con las ONG, mayor motivación para los empleados, menos riesgos y responsabilidades.
Fuente: laestrella.com.pa
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