13 países de América Latina y el Caribe figuran entre los 15 mayores proveedores de recursos mineros del mundo.
Chile es el primer productor de cobre, Brasil se encuentra entre los tres principales productores de hierro, México es el primer productor de plata, Bolivia es el cuarto productor de estaño y Colombia es el séptimo productor de níquel refinado. En su conjunto la región cuenta con 65% de las reservas de litio, 49% de plata, 44% de cobre y 33% de estaño del planeta. Entre 2006 y 2010 América Latina y el Caribe fue la segunda región con mayores reservas petroleras después de Medio Oriente y actualmente registra un tercio de la producción mundial de bioetanol, cerca de 25% de biocombustibles y 13% de petróleo.
La región cuenta también con un tercio de las reservas de agua dulce, 48% de la producción mundial de soja y 21% de la superficie de bosques naturales. Sin embargo, a pesar de su riqueza en recursos naturales, históricamente los países de América Latina y el Caribe han tenido dificultades para lograr traducir la explotación y comercialización de productos primarios en procesos de desarrollo -y sobretodo progreso social- de largo plazo.
El punto de inflexión que presenta la economía como resultado de las crisis de 2008 y 2011, así como el ciclo favorable de precios internacionales que las exportaciones de hidrocarburos, minerales y productos agrícolas, pueden ofrecer, según los expertos de la CEPAL, “una nueva oportunidad para plantear en América Latina un profundo debate sobre cómo aprovechar la explotación y exportación de los recursos naturales para maximizar su contribución al desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental”
Se presenta entonces un panorama complejo y diverso en donde interactúan situaciones muy distintas pero que todas ellas aportan un grado adicional de dificultad: una creciente demanda internacional de algunos minerales y gas en enormes cantidades, obtenidos a los más bajos costos posibles; ingentes zonas naturales impactadas negativa y profundamente; países y localidades que necesitan menguar el desempleo acuciante y acrecentar sus respectivas economías; poblaciones que ven alterados sus derechos y estilos de vida ancestrales; poderes públicos poco eficientes o que aceptan condiciones en detrimento de intereses superiores como el cuidado del ambiente; legislaciones insuficientes o ineficaces en su aplicación.
Sin duda, falta avanzar mucho en la comprensión cabal de la situación y que la información y el conocimiento sean accesibles a los diversos y heterogéneos públicos. De cualquier manera, queda claro que los retos del bajo número de empleos generados, la alta intensidad energética exigida, la concentración de renta, la expatriación de divisas y la volatilidad del mercado de commodities se suman a los desafíos de impacto ambiental y social que se producen en los países extractivistas.
Fuente: avina.net
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