La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, ha solicitado que se atraigan 19 amparos en revisión promovidos contra las reformas en materia de concesiones para minería y agua promulgadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 8 de mayo de 2023.
La ministra Batres sostiene que los jueces de Distrito no analizaron el fondo del asunto al conceder los amparos, limitándose a evaluar posibles violaciones al principio de deliberación democrática y al proceso legislativo. Las demandas se interpusieron en juzgados de Distrito en Durango, Sonora, Morelos y Jalisco, y ante la concesión de estos amparos, las autoridades responsables promovieron recursos de revisión.
En su solicitud de atracción, la ministra Batres argumenta que es esencial que la SCJN aborde la constitucionalidad de las reformas. Según Batres, la Suprema Corte debe fijar un criterio claro sobre la redefinición estructural de las actividades mineras y el uso del agua bajo el nuevo régimen legal.
La ministra también destacó la importancia de que la SCJN determine si un juzgado de Distrito puede decretar la reviviscencia de leyes sin analizar previamente la validez de las normas impugnadas vía amparo.
Batres Guadarrama subrayó que este es un tema de características excepcionales y trascendentales en materia política, económica y social. Considera que la SCJN debe fijar los criterios jurídicos necesarios para la resolución de casos similares en el futuro, asegurando un precedente claro y aplicable.
Para la ministra, las reformas a la Ley Minera y a la Ley de Aguas Nacionales, impulsadas por el presidente López Obrador, buscan garantizar derechos fundamentales como la vida, la salud, el acceso al agua y un medio ambiente sano para las comunidades indígenas y afromexicanas cercanas a las explotaciones mineras. Asimismo, se busca proteger la seguridad de las personas que trabajan en estas actividades.
La solicitud de atracción por parte de la ministra Lenia Batres representa un paso crucial en la definición de los alcances legales de las reformas en materia de minería y agua, subrayando la necesidad de un análisis profundo y constitucional por parte de la SCJN para sentar precedentes en esta área fundamental para el desarrollo social y económico del país.
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