Si se aprueba la iniciativa de Morena se incrementará la carga regulatoria para las compañías mineras, incluyendo el requerimiento de realizar las consultas con las comunidades previo a obtener nuevas concesiones
Aunque aún es temprano para conocer el impacto que tendrá, de aprobarse en el Congreso una iniciativa para modificar la Ley Minera, la calificadora de riesgo Moody’s consideró que empresas como Fresnillo, Frisco y Peñoles están bien posicionadas para absorber los potenciales efectos de estas nuevas regulación.
La iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena incluye una propuesta de consulta y desarrollo social en las comunidades, que en caso de no cumplirse, prevé incluso la cancelación de las concesiones mineras, en este sentido la calificadora de el riesgo consideró que son medidas que pueden retrasar los proyectos.
Si se aprueba la iniciativa se incrementará la carga regulatoria para las compañías mineras, incluyendo el requerimiento de realizar las consultas con las comunidades previo a obtener nuevas concesiones, lo que hará los procesos de aprobación más desafiantes y largos, expuso Moody’s.
El pasado 20 de noviembre se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica la Ley Minera, presentado por el grupo parlamentario de Morena, la cual pretende atender y regular el impacto social en las concesiones y asignaciones mineras.
Con esta nueva regulación se facultaría al Servicio Geológico Mexicano para que pueda realizar estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y de asignación mineras y a la Secretaría de Economía, quien tendrá la facultad para declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo.
De acuerdo con Moody’s, las consultas mencionadas pueden tomar tiempo y retrasar los proyectos mineros, incluso se incrementa la incertidumbre sobre una eventual cancelación de las concesiones si no se alcanza un acuerdo satisfactorio entre las mineras y las comunidades.
Las compañías mineras también deben de preparar un reporte anual sobre sus actividades con la sociedad. El impacto de este requerimiento aún no es claro porque los montos asignados aún no se determinan.
Las empresas mineras pagan desde 2014 impuestos especiales que se destinan en su mayoría, un 80 por ciento, al Fondo Minero. Estos recursos son dedicados a trabajos en las comunidades.
Con esta propuesta legislativa el regulador minero tendrá la habilidad de cancelar las concesiones, bajo ciertas circunstancias, si las áreas son consideradas no explotables o en conflicto social.
Las mineras como Peñoles, Fresnillo y Frisco tienen una buena posición para mitigar los potenciales efectos de esta nueva ley, anticipó Moody’s. Peñoles y Fresnillo han dedicado 217 millones de pesos a las comunidades, además de sus aportaciones al Fondo Minero.
Fuente: Milenio
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