Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, indicó que en México se realizan las mejores prácticas del mundo en la minería e hizo un llamado a fortalecer la corresponsabilidad entre empresas, trabajadores y otros actores de esa industria con las comunidades en las que operan, para contribuir al desarrollo de éstas.

Advirtió que quien trate de extorsionar al sector minero, definitivamente no va a poder cumplir sus intenciones, porque la industria está apegada a la justicia, la seguridad y al estado de derecho.

Al participar en el III Taller de Desarrollo Comunitario en la Minería, “Minería y la Nueva Normalidad”, organizado por la Cámara Minera de México (Camimex), subrayó que las empresas no deben sólo seguir una metodología para operar, sino obtener la licencia social de las comunidades en donde se ubican, lo que representa un auténtico respaldo.

Mencionó que ninguna empresa minera puede tener mayores servicios que aquellos con los que cuentan las comunidades en donde operan, como puede ser el caso del agua y la electricidad.

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Ante el presidente de la Camimex, Fernando Alanís, y de empresarios del sector, dijo que el blindaje social y la sostenibilidad se consiguen con las mismas estrategias e iniciativas, porque que se persigue conseguir el apoyo activo de las comunidades para la operación minera.

Esto no es posible si la actividad no respeta, por ejemplo, el medio ambiente. “Tal vez nuestra visión del mundo, nuestra cosmovisión de progreso no es necesariamente progreso para otras personas; deben entenderse las necesidades de la comunidad”, dijo.

El funcionario reconoció las acciones de empresas mineras para remediar pasivos ambientales, incluso que no fueron provocado por ellos, como sucede en algunos casos como Grupo México.

Expuso que muchas buenas prácticas aplicadas por las mineras no tienen que ver necesariamente con donaciones ni filantropía, como ocurre en el caso de equipo para enfrentar la actual pandemia, sino en impulsar el desarrollo de las comunidades.

En la sesión de preguntas y respuestas, informó que, de acuerdo a una encuesta, 82 por ciento de los presidentes municipales donde operan minas, indica que sus esfuerzos para combatir y prevenir el Covid-19, así como los servicios públicos que reciben las localidades, dependen en gran medida de los apoyos otorgados por las empresas del sector.

Destacó que existen actividades de extorsión en contra de la minería, pero aseguró que no todas las personas califican como contraparte de la industria y, por ello, las autoridades no se han sentado con actores que no tienen legítimo interés en el sector, aun cuando hayan provocado afectaciones a su operación.

El subsecretario de Minería expuso que hay un compromiso con las organizaciones representativas de trabajadores para que la interrupción de la continuidad operativa sea el último recurso y en cualquier caso tiene que ser en el marco de la ley.

Quiroga Fernández planteó que quien intente extorsionar al sector minero va a perder en esa iniciativa, y también quienes cometan delitos en contra de empresas, porque va a ser difícil robar, transportar, revender y cobrar los fondos que esperan obtener. “En esta estrategia se trabaja fuerte con las fuerzas de seguridad minera y del Estado Mexicano”, añadió.

El funcionario, quien inauguró el evento digital de la Camimex aseveró que una de las inquietudes externadas por las comunidades con mayor frecuencia, es conocer qué pasará con ellas cuando se acabe la vida laboral de las minas, pero se tranquilizan cuando se afirma que el sector sólo es motor de impulso para su propio desarrollo.

Por su parte, María del Socorro Gómez Leyja, directora general del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera (Fondo Minero) indicó que, en 2019, el Comité Técnico de esta institución realizó siete sesiones para solicitar la aprobación de ministraciones en 321 proyectos, con un total de 608 millones de pesos.

Agregó que en 2020 se han realizado seis sesiones para la aprobación de 225 proyectos, por un monto de casi 552 millones de pesos, que dan un total de mil 160 millones de pesos de proyectos de inversión física aprobados por Sedatu, que estaban pendientes de ejercer.

Fuente: Enlace con prensa

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