La reciente aprobación de la Ley de Aguas Nacionales por la Cámara de Diputados el 4 de diciembre de 2025 ha generado un profundo debate en sectores estratégicos como la agricultura y la minería. Aunque la reforma busca combatir la mercantilización ilegal del agua y promover la sostenibilidad, introduce modificaciones que, según expertos y productores, podrían provocar impactos desproporcionados en la productividad, la viabilidad operativa y la estabilidad económica del país.
A continuación, se presenta un análisis estructurado en tres ejes:
- Descripción del problema legal,
- Evidencia de impactos específicos,
- Implicaciones lógicas para la viabilidad sectorial.
1. Agricultura: Pérdida de derechos adquiridos y debilitamiento de la inversión
El problema legal
La prohibición de transmitir concesiones de agua entre particulares elimina la posibilidad de vender, heredar o transferir estos derechos, que constituyen el valor patrimonial de millones de hectáreas agrícolas. Anteriormente, estas concesiones —que representan el 76% del agua otorgada en México— permitían planificar a largo plazo en un país marcado por la escasez hídrica.
Evidencia del impacto
Productores de estados líderes en agricultura tecnificada, como Chihuahua, advierten que esta medida devaluará sus tierras y frenará inversiones millonarias en infraestructura de riego. Las protestas del 3 de diciembre de 2025, encabezadas por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, reflejan el descontento de cultivadores de 25 estados.
Eraclio Rodríguez, productor y exdiputado, calificó la ley como “regresiva”, al considerar que despoja derechos adquiridos que han permitido el desarrollo agrícola de regiones áridas.
Implicaciones lógicas
Si los productores no pueden garantizar acceso al agua en el mediano plazo:
- Se reduce la siembra en un país donde el 70% de la producción depende del riego (SADER).
- Disminuyen las inversiones en tecnificación que podrían ahorrar hasta 50% del recurso.
- México incrementaría su dependencia de importaciones alimentarias (actualmente importa 40% del maíz que consume).
- La inseguridad alimentaria aumentaría, afectando a 13 millones de familias rurales.
En síntesis, la ley privilegia el control estatal sin un esquema de transición que preserve la productividad.
2. Minería: Riesgos operativos y virtual prohibición en zonas estratégicas
El problema legal
Las modificaciones al Artículo 118 priorizan el uso humano del agua y restringen concesiones en zonas montañosas y sierras, donde opera el 80% de las minas en México. La redacción abre la puerta a prohibiciones implícitas para nuevos proyectos y revisiones severas de los existentes.
Evidencia del impacto
Organismos como la Camimex y la AIMMGM señalan que la reforma “prácticamente prohíbe” instalaciones mineras en gran parte del territorio nacional.
Esto ocurre pese a que:
- La minería utiliza solo 0.27% del agua nacional, muy por debajo del sector agrícola.
- Las operaciones modernas recirculan hasta 80% del agua utilizada.
- Los depósitos de residuos se construyen siguiendo lineamientos autorizados por Conagua.
La medida amenaza la continuidad de 3 millones de familias que dependen directa e indirectamente del sector, así como la producción de minerales estratégicos como cobre y litio, fundamentales para la transición energética global.
Implicaciones lógicas
Las restricciones aumentan costos operativos entre 20% y 30%, provocan relocalización de proyectos y reducen la competitividad de México frente a países como Perú o Chile.
Limitar a una industria que:
- genera 2.5% del PIB,
- aporta US$15 mil millones en exportaciones,
- y emplea a más de 400 mil personas, representa un riesgo para el impulso de nearshoring y la estabilidad de cadenas globales de suministro.
3. Problemas transversales: Falta de consulta y ausencia de equilibrio socioeconómico
El fondo del conflicto
Tanto agricultores como mineros denuncian que la legislación avanzó sin consulta suficiente, pese a solicitar aplazamientos para integrar análisis técnicos y socioeconómicos. La reforma fue aprobada contra reloj, ignorando las protestas y las solicitudes de diálogo.
Evidencia de preocupación
Organizaciones como Camimex y el Frente Nacional advierten que estas medidas generan “riesgos económicos y ambientales” al no reconocer:
- la recirculación de agua en minería,
- ni las inversiones del campo en uso eficiente del recurso.
Esto contrasta con el 14% del agua destinada al uso público, sector que no enfrenta las mismas rigideces.
Implicaciones lógicas
Una ley efectiva debe basarse en evidencia científica y capacidad institucional. Conagua, responsable de administrar más de 500 mil concesiones, enfrenta ya una sobrecarga operativa. Centralizar aún más el control del agua incrementa la burocracia, favorece la discrecionalidad y afecta sobre todo a pequeños productores y mineros.
En lugar de resolver la sobreexplotación, el texto legislativo puede agravar desigualdades regionales entre un norte árido y un sur húmedo, al mismo tiempo que compromete los objetivos internacionales de desarrollo sostenible.
Aunque la ley pretende desmercantilizar el agua y priorizar su uso humano, su diseño actual introduce rigideces que ignoran la realidad sectorial.
La agricultura pierde estabilidad patrimonial y la minería enfrenta amenazas operativas; dos sectores que, en conjunto, aportan alrededor del 20% del PIB nacional.
Se requiere una revisión integral, multisectorial y basada en evidencia técnica que garantice sostenibilidad sin frenar el crecimiento económico ni afectar a millones de familias. Organismos como Camimex, productores agrícolas y especialistas coinciden en un llamado urgente al Gobierno para corregir el rumbo y construir una política hídrica verdaderamente equitativa y viable
¿Comentarios?
Déjanos tu opinión.