El congreso de Panamá tomó una decisión trascendental este viernes al aprobar un proyecto de ley que declara una moratoria indefinida a la minería metálica en todo el país. A pesar de las masivas protestas que han sacudido a la nación, esta medida no afecta la reciente concesión cuprífera otorgada a una filial de la empresa canadiense First Quantum.
A finales de octubre, en un intento por aplacar las manifestaciones populares, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo emitió un decreto para prohibir nuevas concesiones mineras. Sin embargo, la norma aprobada este viernes presenta cambios significativos con respecto al texto presentado por el mandatario.
Con un respaldo abrumador de 59 votos a favor y ninguno en contra, la nueva ley prohíbe la otorgación de concesiones para la exploración, extracción y explotación de minerales metálicos, incluyendo aquellos básicos, ferrosos, preciosos y radioactivos. La ley entró en vigor de inmediato tras ser firmada por el presidente y publicada en la gaceta oficial.
Hace tres semanas, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó una concesión de 20 años prorrogables a Minera Panamá, una unidad local de First Quantum Minerals. Sin embargo, este acuerdo ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la población y organizaciones civiles, quienes lo consideran plagado de corrupción y perjudicial para el medio ambiente.
Desde entonces, las protestas contra el contrato se han intensificado en todo el país. Aunque la aprobación de la nueva ley fue recibida con satisfacción en las calles, los manifestantes afirman que continuarán protestando ya que esta no modifica el estado del contrato con la minera canadiense.
La disputa en torno al futuro de la mina, que representa aproximadamente el 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá, ha tenido un impacto significativo en el valor de las acciones de First Quantum, que han perdido casi la mitad de su valor en los últimos días.
La diputada independiente Walkiria Chandler expresó: "Esta es la mejor ley que se pudo lograr en este momento, en esta coyuntura". Añadió que, a pesar de que hay margen para mejoras, dadas las circunstancias políticas, recoger las preocupaciones de los grupos ambientalistas en esta ley es un logro positivo.
El nuevo contrato estipula que la minera pagaría un mínimo de 375 millones de dólares anuales al Gobierno a cambio de dos décadas de operaciones continuas, con la opción de extender el acuerdo por otros 20 años. La corte suprema de Panamá está examinando varias impugnaciones al contrato y, en última instancia, decidirá su validez legal.
First Quantum informó que, a pesar de las protestas, la producción en su mina Cobre Panamá no se ha interrumpido, a pesar de bloqueos de carreteras y escasez de ciertos suministros.
Foto: First Quantum
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