La industria minera en México atraviesa uno de sus momentos más complejos en materia regulatoria. La demora en la emisión de permisos ambientales ha provocado que proyectos estratégicos permanezcan detenidos, frenando inversiones millonarias y generando un clima de incertidumbre para el sector.
De acuerdo con representantes de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), la falta de resoluciones por parte de la autoridad ambiental ha impedido el avance de múltiples proyectos que ya cuentan con estudios técnicos y planes de desarrollo concluidos. Algunos de ellos llevan años en espera, sin claridad sobre los tiempos para obtener autorización.
Entre los casos más relevantes se encuentran proyectos ubicados en Baja California, Chihuahua y Zacatecas, cuya inversión conjunta supera los 4 mil millones de dólares. Se trata de desarrollos con alto potencial productivo que podrían detonar empleo, infraestructura y crecimiento económico regional, pero que hoy permanecen en pausa por trámites pendientes.
El presidente de la AIMMGM, Rubén del Pozo Mendoza, ha señalado que esta situación no solo impacta a las empresas, sino también a las comunidades que dependen de la actividad minera formal. “La minería es una industria de largo plazo que requiere certeza jurídica y procesos claros; cuando estos se detienen, el daño es transversal”, ha expresado en distintos foros del sector.
A la problemática de los permisos se suma la falta del reglamento de la nueva Ley Minera, lo que ha generado vacíos operativos y criterios poco uniformes en la evaluación de los proyectos. Para las empresas, esta combinación ha elevado el riesgo de inversión y ha reducido la competitividad de México frente a otros países con marcos regulatorios más ágiles.
Si bien el sector reconoce la importancia de cumplir con estándares ambientales y sociales cada vez más estrictos, también subraya la necesidad de procesos eficientes y plazos definidos. La ausencia de respuestas, advierten especialistas, podría provocar la cancelación definitiva de proyectos y la migración de capital hacia otros destinos.
Ante este escenario, la industria ha reiterado su disposición al diálogo con las autoridades para encontrar soluciones que permitan destrabar los expedientes pendientes sin comprometer el cuidado ambiental. La reactivación de estos proyectos, coinciden, sería clave para fortalecer la economía, impulsar el desarrollo regional y asegurar el suministro de minerales estratégicos para el país.
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