El reciente aumento en los impuestos al sector minero en México ha generado inquietud entre analistas y empresarios, quienes advierten sobre posibles efectos negativos en la inversión y competitividad de la industria.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso elevar el derecho especial sobre la utilidad neta de las actividades mineras del 7.5% al 8.5%, y el derecho extraordinario sobre la minería del 0.5% al 1% en la venta de minerales como oro, plata y platino.
La Cámara Minera de México (Camimex) ha expresado que estos incrementos, sumados a las restricciones en exploración, podrían desincentivar proyectos por más de 6,900 millones de dólares en los próximos años, afectando no solo a las empresas, sino también a las comunidades que dependen de la minería para generar empleos y desarrollar infraestructura.
Además, estados como Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México y Nuevo León han implementado o están en proceso de establecer impuestos ecológicos, lo que podría aumentar aún más los costos de operación y afectar la competitividad de las empresas mineras.
Ante este panorama, es fundamental que el gobierno y la industria minera trabajen en conjunto para encontrar un equilibrio que permita incrementar los ingresos fiscales sin comprometer la competitividad del sector y el desarrollo de las comunidades que dependen de esta actividad.
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