El presidente López Obrador presentó una iniciativa para modificar la Ley Minera y reducir el plazo de las concesiones en el sector.
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma a las leyes Minera, de Aguas Nacionales y de Equilibrio Ecológico, entre otras, para reducir de 50 a 15 años el término de las concesiones y establecer que podrá ser programable por una sola ocasión hasta por un lapso igual.
“Las concesiones mineras tendrán una duración de 15 años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería. Se podrán prorrogar, por una sola ocasión, por igual término cuando sus titulares no hubieran incurrido en cualquiera de las causales de cancelación”, se menciona en la propuesta de reforma del artículo 15 de la Ley Minera.
La iniciativa propone el esquema de otorgamiento de concesiones para que únicamente mediante concurso público se otorguen éstas, pero bajo condiciones mínimas que aseguren las mejores condiciones económicas.
Además, se elimina el carácter preferente de la actividad minera; es decir, la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias no justificarán ahora la expropiación en favor de particulares, incluso, sobre propiedad social, ya que, dice la propuesta, generan un beneficio exclusivo privado.
También elimina el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para explotación minera, pues la propuesta presidencial elimina este derecho y propone que esto sea mediante un acuerdo entre las personas titulares de las concesiones y las personas propietarias o titulares de derechos sobre los terrenos.
“Esta modificación obligará a las empresas mineras a pactar contraprestaciones monetarias sujetas a consentimiento de las personas propietarias de los terrenos, entre ellas, ejidos, comunidades y núcleos agrarios en general”, menciona la iniciativa.
También propone que haya una consulta a pueblos y comunidades indígenas previo al otorgamiento de concesiones mineras y se establece la obligación de que las personas ganadoras de una concesión deberán presentar un estudio de impacto social para determinar las probables afectaciones que podrían tener la actividad minera en la vida de las personas.
En la exposición de motivos se explica que la iniciativa tiene por objeto “recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano y son del dominio directo de la Nación”.
Fuente: forbes.com.mx
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