La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha presentado una propuesta para incrementar los derechos especiales y extraordinarios sobre la minería, medida incluida en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2025. Esta decisión, que busca elevar las tasas del 7.5% al 8.5% y del 0.5% al 1%, respectivamente, ha generado un intenso debate en el sector minero.
Según la SHCP, la medida responde al carácter no renovable de los recursos minerales y a los altos precios internacionales de los metales. La intención es garantizar una contribución justa de las empresas mineras al erario público y destinar los recursos adicionales a programas que beneficien directamente a la población.
Actualmente, el sector enfrenta desafíos importantes. De acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex), las aportaciones fiscales del sector en 2023 disminuyeron un 32.2% en comparación con el año anterior, debido al cierre de operaciones y a la falta de crecimiento en la industria. Las contribuciones totales sumaron 49,445.4 millones de pesos, incluyendo el Impuesto Sobre la Renta y diversos derechos específicos.
A esto se suman iniciativas locales en estados como Durango y San Luis Potosí, que buscan implementar impuestos ecológicos sobre emisiones contaminantes y almacenamiento de residuos. Camimex advierte que estas políticas podrían afectar la competitividad del sector, reducir inversiones y elevar los costos de productos y servicios.
El impacto de estas medidas será crucial para la industria minera, que aporta significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) nacional y es una de las principales fuentes de empleo en regiones clave del país. Según cifras de Camimex, más de 2.3 millones de empleos dependen directa e indirectamente de este sector, lo que subraya su importancia económica y social.
Sin embargo, el aumento en los derechos sobre minería podría generar incertidumbre entre los inversionistas nacionales e internacionales, quienes ya enfrentan un entorno global competitivo y desafíos locales como los impuestos ecológicos y la falta de incentivos para la exploración.
“La minería no solo extrae recursos, también genera desarrollo en comunidades alejadas, infraestructura y acceso a servicios. Es vital encontrar un balance entre mayor recaudación fiscal y un entorno que fomente la inversión,” añade Camimex en su último informe.
El gobierno y el sector privado tendrán que colaborar estrechamente para evitar que estas modificaciones fiscales comprometan la sostenibilidad y el crecimiento de una industria que ha sido pilar de la economía mexicana durante décadas. Mientras tanto, las empresas mineras, comunidades y actores clave observan con atención el desarrollo de esta iniciativa, cuyo impacto se sentirá en todo el ecosistema económico del país.
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