La indignación recorrió este sábado distintas regiones del país luego del secuestro y asesinato de trabajadores mineros en Sinaloa. En plazas públicas y frente a sedes de gobierno, compañeros de oficio, familiares y organizaciones sociales alzaron la voz para exigir justicia y condiciones mínimas de seguridad en zonas donde la violencia criminal se ha vuelto parte del paisaje cotidiano.
Las movilizaciones se replicaron en entidades con tradición minera como Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Hidalgo y Guerrero. Cascos, chalecos reflejantes y mantas con mensajes de duelo acompañaron marchas que, aunque pacíficas, estuvieron cargadas de enojo y cansancio. “No es una estadística, eran personas que salieron a trabajar y no regresaron”, se escuchó en uno de los contingentes.
Un crimen que volvió a encender las alarmas
El caso que detonó las protestas ocurrió en el sur de Sinaloa, donde un grupo de trabajadores fue privado de la libertad mientras se dirigía a sus labores. Días después, autoridades confirmaron el hallazgo de víctimas sin vida en una zona cercana. La investigación sigue abierta y, hasta ahora, no hay resultados concluyentes que esclarezcan responsabilidades.
Para el gremio minero, el episodio refleja una realidad que se vive desde hace tiempo en regiones donde conviven la actividad extractiva, comunidades rurales y disputas del crimen organizado. “No pedimos privilegios; pedimos volver a casa”, reclamaron representantes sindicales durante los actos de protesta.
Exigen medidas concretas, no solo discursos
Entre las principales demandas está la implementación de protocolos de seguridad para traslados de personal, mayor presencia institucional en corredores mineros y coordinación real entre autoridades federales, estatales y empresas. Los manifestantes también pidieron que las investigaciones no se queden en comunicados oficiales y que se garantice atención a las familias de las víctimas.
Especialistas en temas laborales advierten que la violencia contra trabajadores en zonas productivas no solo es un problema de seguridad pública, sino una amenaza directa al tejido social de comunidades enteras que dependen de la minería. “Cuando el miedo se normaliza, se rompe la vida comunitaria”, señaló un académico consultado.
Duelo que se vuelve exigencia
En varios puntos del país se guardó un minuto de silencio. Hubo veladoras, flores y nombres escritos en cartulinas. El duelo colectivo se transformó en una exigencia clara: que el caso no se diluya con el paso de los días y que el Estado asuma la protección de quienes sostienen una de las industrias clave para la economía regional.
Las protestas cerraron con un llamado a mantener la presión social hasta que haya avances verificables en las investigaciones y en las medidas de seguridad. “Hoy marchamos por ellos; mañana podría ser cualquiera”, resumió uno de los asistentes.
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