Por: Moisés Gómez Reyna

Un auténtico regreso a la década de los años setenta, es lo que representa la propuesta de Reforma Energética presentada la semana pasada por el Gobierno federal, la cual pretende re­ducir la participación privada en el sector, aunque eso represente electricidad más cara y menos creci­miento.

Por fortuna, la recomposición de las fuerzas políti­cas en las elecciones intermedias de este año hará difícil que se apruebe esta propuesta que requiere de cambios constitucionales y que dibuja un patrimo­nialismo nacional mal entendido.

Es importante recordar que en el caso de la Cá­mara de Diputados, Morena y sus aliados (PVEM y PT) cuentan con 278 legisladores, por lo que esta cifra es en teoría insuficiente para obtener los 334 votos necesarios para aprobar reformas constitucio­nales.

Por lo tanto, el Gobierno federal tendría que "ja­lar" al menos 56 votos de los 222 diputados de la oposición (PAN, PRI, MC, y PRD) para aprobar las reformas constitucionales que requiere forzosa­mente su iniciativa.

En el Senado, de los 128 senadores que lo integran, Morena y sus aliados (PT, PES, PVEM) tienen for­malmente registrados en sus grupos parlamenta­rios 78 legisladores. Para reformas constitucionales se requieren al menos 86 votos.

Hace unos días cinco senadores (PT, Morena, PAN y uno sin partido) manifestaron su intención de conformar un grupo plural. Sin duda, será intere­sante conocer la posición de estos legisladores en el tema energético.

Y es que esta iniciativa del Gobierno federal plantea puntos que para varios especialistas resultan re­gresivos y poco benéficos para la población.

Por ejemplo, la Reforma pretende dar a CFE el rol de actor central en la política energética, a costa de la desaparición de la Comisión Nacional de Hidro­carburos, la Comisión Reguladora de la Energía, y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), cuyas funciones ahora pasarán a la paraestatal.

Vale la pena recordar que el Cenace es un actor independiente para regular al mercado, con el ob­jetivo de dar el mismo trato a todos los actores, ya sean públicos o privados, en beneficio de condiciones de precio y calidad para consumidores. Pero ahora CFE será juez y parte en el mercado eléctrico.

La iniciativa federal establece que la CFE gener­ará y comercializará el 54% del consumo eléctrico nacional, mientras que la iniciativa privada podrá competir sólo por el 46% restante. Esto da a CFE por decreto el control de la mayor parte del mercado eléctrico, dejando de lado la competencia en favor de los consumidores.

Además, contempla la cancelación de todos los per­misos de generación eléctrica otorgados para auto­consumo al sector privado. Por ello, de aprobarse, varias empresas tendrían que adquirir la energía a CFE, aunque eso les implique mayores costos.

En el tema del litio, éste se considerará como un mineral estratégico, por lo que ya no será concesion­ada su explotación y será el Estado el que interven­drá en su exploración y producción. De esta forma, la explotación del litio estaría reservada para el Estado al igual que en el caso del petróleo.

Justo en abril pasado comentamos en este espacio que el Estado mexicano no cuenta con los recursos, ni las tecnologías para explotar y transformar el litio en piedra, además de que la experiencia del fracaso financiero de Pemex debería hacernos re­flexionar si este modelo de monopolio estatal es el correcto.

Este tema es fundamental para Sonora, ya que hace unos años se confirmó que tenemos el yacimiento de litio en roca más grande del mundo.

En conclusión, la reforma planteada por el Gobi­erno es regresiva, ya que fortalece el monopolio de CFE y reduce la participación privada en el sector.

De aprobarse, todo esto generará prácticas monopólicas por parte de CFE y, por lo tanto, costos de energía más caros para las empresas y los con­sumidores o bien subsidios más altos, lo que tendrá sin duda repercusiones negativas en la economía e incluso en las finanzas públicas.

Twitter: @gomezreyna