Seguridad Integral

COLUMNA

En paralelo al incremento de los eventos de inseguridad y violencia, se da una discusión nacional para cambiar de adscripción a la Guardia Nacional de la Secretaria de Seguridad Ciudadana Federal a la Secretaria de la Defensa Nacional, es decir, para militarizar a la seguridad pública.

La percepción ciudadana, medida a través de encuestas que se han publicado en las últimas semanas, manifiestan tolerancia (aunque no sin preocupación) a la presencia del ejercito en las calles como respuesta al desmedido incremento de la violencia.

Sin embargo, hay que señalar que en los últimos 16 años el volumen de la tropa desplegada y con presencia en las calles ha crecido un 142 %.

Mientras que en 2006 eran 37 mil 253 los elementos del ejército en las calles, para 2021 esta cifra aumentó a 90 mil elementos. Si bien durante el sexenio de Peña Nieto hubo una disminución de la tropa movilizada, en 2016 volvió a registrarse un incrementó del 40 % en comparación con la cifra del año anterior.

Asimismo, con base en información de la Secretaría de Seguridad Pública, puede advertirse que, aunque la Guardia Nacional comenzó a desarrollar sus funciones con un despliegue de 56 mil elementos, para 2021 pasaron a ser 99 mil los adscritos en sus filas.

Esta presencia creciente de las fuerzas armadas es directamente proporcional al incremento de la inseguridad y la violencia que se vive en comunidades y colonias de todo el país.

Sin embargo, particularmente en los últimos 3 años y a partir de los datos disponibles se puede concluir que no se ha logrado reducir el problema.

Basta con ver que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2021 se incrementaron las violaciones un 48.6%, las lesiones dolosas un 7.5% y la extorsión 38%; o que al comparar los 44 meses que van de este sexenio con los primeros 44 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, los homicidios dolosos registraron un incremento del 60.8%.

Parece, pues, que los resultados contradicen la hipótesis de que la estrategia de militarizar la seguridad pública es la solución a los problemas de violencia e inseguridad que aquejan al país.

En este sentido, el esquema planteado desde un inicio, en el que la Guardia Nacional debiera estar enfocada a los delitos de fuero federal mientras que las policías estatales y municipales a aquellos del fuero común, puede darnos una idea de por donde hay una falla.

Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de julio de 2022, se cometieron más de 308,500 delitos del fuero federal, contra los más de 7 millones 355 mil delitos de fuero común. Esto es, se cometieron 24 veces más delitos del fuero común que del federal.

Pero de enero a julio de 2022 esta tendencia se agravó. Hubo cerca de 45 mil delitos del fuero federal y 1 millón 246 mil del fuero común, es decir casi 28 veces más que del fuero federal.

Si estos datos los comparamos con el número de efectivos por ámbito de influencia, donde el número de efectivos a nivel estatal y municipal es 3.6 veces mayor que el de la Guardia Nacional, podemos observar que la estructura de prevención, investigación y procuración del fuero federal es insuficiente para atender el reto.

Es evidente que la crisis de inseguridad se ha agravado por la falta de apoyos a municipios y entidades federativas de parte del gobierno actual. Está registrado que en 2020 se recortaron mil 900 millones de pesos al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (Fortaseg) como antecedente de su epitafio, ya que en 2021 se eliminó del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Frente a esta situación se debe financiar y promover un modelo policial que aspire a alcanzar un nivel acreditado de resultados. Se debe, además, garantizar una coordinación muy puntual de los estados y los municipios con la Federación. Pero sobre todas las cosas, se debe mantener y fortalecer la facultad de los municipios de contar con capacidades propias para garantizar el orden público mediante proximidad social, en carácter de primer respondiente, así como para las funciones de tránsito y de prevención.

Una de las visiones fundamentales es que el Estado brinde apoyo técnico de profesionalización y presupuestario a los municipios, con el objetivo de fortalecer sus capacidades. Es prácticamente un hecho que, si no se parte de la célula básica de la estructura, difícilmente se podrá avanzar en el sentido de tener un esquema integral de coordinación.

Hay una enorme desproporción en los recursos económicos y humanos que asigna la federación para la Guardia Nacional y los que otorga a los estados y municipios para atender la inseguridad.

De nada servirá trasladar la manzana envenenada de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional si no se atiende de manera integral el fortalecimiento de la policías estatales y municipales; la modernización de los laboratorios periciales, así como procedimientos de investigación y preparación de carpetas de investigación y el equipamiento y modernización de los sistemas de readaptación social.

@gomezreyna