Subcontratación
Por: Moisés Gómez Reyna
Las empresas en México están enfrentando serias dificultades para cumplir con la reforma que limita la subcontratación laboral, que entró en vigor desde el pasado mes de abril. Dicha reforma, establece que este 1 de agosto vencía el plazo que las empresas que empleaban el "outsourcing" regularizaran su situación ante las autoridades laborales, fiscales y de seguridad social.
El sector empresarial señaló que la tramitología impidió que miles de empresas realizaran los ajustes necesarios para cumplir con los cambios, por lo que solicitaron al Congreso de la Unión hacer efectivas las reformas hasta el próximo 1 de enero de 2022.
Y es que a la fecha, según Consejo Técnico del IMSS, solamente 2.3 millones de trabajadores ya pasaron del esquema de subcontratación a ser empleados de las empresas a las que prestaban sus servicios, pero faltan casi el doble por regularizar su situación, si consideramos que, de acuerdo al Censo Económico 2019 del Inegi, en el país 4.7 millones de personas se encontraban contratadas bajo el esquema de "outsourcing".
Cabe aclarar que la reforma estableció la posibilidad de la subcontratación de servicios y obras especializadas, siempre que las empresas que presten estos servicios se inscribieran ante el Registro de Presentadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse).
También estableció que, para poder llevar a cabo dicho registro, resultaba indispensable que los patrones acreditaran estar al corriente en las obligaciones fiscales y de seguridad social. Hasta ahora existen 70 mil empresas que han ingresado al Repse, pero solo 25 mil 500 (30%) han concretado efectivamente el trámite.
El problema es que ha sido imposible obtener dichas acreditaciones, por la saturación que experimentan las plataformas digitales del SAT, del IMSS y del Infonavit, en las cuales se obtiene la constancia de estar al corriente en las obligaciones fiscales y de seguridad social.
Esta dificultad no es menor, ya que la reforma determinó que solo mediante este registro, los patrones podrían deducir o acreditar el pago de este tipo de subcontratación para efectos fiscales.
Por eso, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), insistió en que la ampliación del plazo para la implementación de la reforma era fundamental para otorgar certeza laboral a por lo menos 3.1 millones de trabajadores vinculados a esquemas de "outsourcing" y de 387 mil empresas que han encontrado dificultades técnicas y operativas para ejecutar las nuevas disposiciones. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que, en virtud de que un amplio número de empresas enfrentaron obstáculos en la realización de los trámites, era indispensable ampliar los plazos de cumplimiento o ello pondría en riesgo un número importante de empleos.
Pese a estos argumentos, Morena y sus aliados rechazaron la petición de los empresarios de ampliar el plazo de cumplimiento hasta enero de 2022, y en cambio solo autorizaron una prórroga de 30 días. El problema es que si el 30 de agosto nos encontramos en la misma situación, muy probablemente se tendrá que dar una nueva ampliación del plazo por parte de los legisladores.
Sería injusto que por problemas técnicos y administrativos en las plataformas del propio gobierno, los empresarios imposibilitados a cumplir, queden expuestos a recibir multas de hasta 4 millones de pesos.
Además, la subcontratación es equiparable al delito de fraude fiscal, por lo que los patrones que no regularicen su situación también podrían ser sujetos de prisión preventiva oficiosa.
Sin duda, extender el plazo hasta enero de 2022 era lo más prudente y sensato para dar a empresarios y al propio gobierno tiempo suficiente para que resolver todos sus inconvenientes. Seguramente el 30 de agosto sabremos si los legisladores tomaron la decisión correcta.
Twitter: @gomezreyna