país necesita una minería incluyente, resiliente y competitiva, fue la conclusión a la que llegó el Grupo de Diálogo Sobre Minería en Colombia (Gdiam) después de tres años de debate.
El grupo interdisciplinario partió de la premisa de ‘minería sí’ o ‘minería no’ (que se dio) para llegar a la opción de ‘minería cómo’ y así establecer lo que sería la hoja de ruta a seguir tanto por la industria minera, las comunidades, autoridades locales y regionales como por el Gobierno Nacional.
“Vimos que no hay una visión de largo plazo en Colombia sobre cómo se quiere que sea la minería y esa es el ancla en la que se basa el resto del informe. Son propuestas concretas que van dirigidas hacia el Estado, pero también a las empresas, la sociedad civil y grupos étnicos”, afirma Renata Segura, coordinadora del informe.
El estudio, denominado ‘Propuestas para una visión compartida sobre la minería en Colombia’, habla de la importancia de unificar perspectivas sobre la minería, una política de Estado que sea entendida no solo por las partes involucradas, sino por toda la sociedad en su conjunto.
Se argumenta la necesidad de una minería incluyente que tenga en cuenta los territorios y las comunidades étnicas, que cree valor compartido, que combata la informalidad y la ilegalidad, que tenga una participación social amplia, libre e informada, una distribución equitativa de la renta minera, que impacte las regiones y sea compatible con otras actividades económicas.
Para hacer una minería resiliente se recomienda que tenga un impacto-beneficio neto positivo en el sistema social y ecológico con base en estándares internacionales para su operación, responsabilidad social y con una vocación de desarrollo económico y social de los territorios y las futuras generaciones.
Sugieren que para el desarrollo de una minería competitiva se debe tener seguridad física y jurídica, instituciones sólidas, promoción de la inversión, una buena infraestructura, capital humano e inserción en el mercado de capitales.
Los tipos de minería
El informe explica la necesidad de determinar los tipos de minería del país, desde la formal, la ancestral y artesanal, la informal, la ilegal, hasta la criminal, con el fin de establecer políticas para cada una de ellas.
Claudia Jiménez, una de las integrantes del grupo, asegura que el primer error que ha tenido el país es esa confusión entre los diferentes tipos de minería que se desarrollan, por lo que no ha sido capaz de captar que cada tipo de minería requiere unos elementos de política pública distintos.
Prosiguió a tipificar cada una de ellas y a determinar una política pública general a seguir.
La formal está comprendida por la pequeña, mediana y a gran escala, que es necesario trabajar desde el Gobierno para hacerla más competitiva, principalmente respecto a la carga impositiva.
La ancestral y artesanal, practicada por grupos étnicos para su subsitencia por no tener otras alternativas, la clasifican como legal y que no necesitan de títulos para ejercerla.
Sugieren que la política pública para esta clase de minería no es ni siquiera la formalización, sino una social de alternativa de ingresos, de bienestar social y económico.
La minería informal es la clasificada como de pequeña escala, que no es mecanizada, que no cumple con uno, con algunos o con todos los requisitos de ley (título o licencia, no pagan prestaciones sociales, regalías, impuestos) porque muchas veces no tienen los recursos económicos para hacerlo, porque cuesta mucho dinero, pero que tiene la vocación de formalizarse.
Para formalizarla proponen una solución estructural, ya que creen que los planes de formalización que se han llevado a cabo han sido ‘pañitos de agua tibia’, que consiste en agruparlos y organizarlos para ayudarlos a formalizarse con una regulación diferenciada, en la cual se les exija un cumplimiento progresivo de los máximos, pero obligándolos a
cumplir los mínimos.
En cuanto a la minería ilegal, que es aquella que no tiene vocación de formalizarse pero no apoya grupos criminales ni utiliza los recursos para actividades en contra de la sociedad, proponen abrirles la puerta de la formalización y si no lo quieren hacer tratarla como minería criminal, para la cual es necesario que el Estado actúe con todo su poder.
En la lucha contra la minería ilegal se sugiere no solo atacar los sitios de producción y los integrantes de las bandas, sino luchar contra toda la cadena como otros agentes, insumos, compra de mercurio, transporte, exportación de productos, cómo lo venden.
Reforma a la parte ambiental
En cuanto al manejo ambiental se propone una reforma constitucional mediante la cual se reforme a las autoridades ambientales regionales, que asegure que se cumpla con las directrices que en la materia traza el Gobierno Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.
Para ello, se sugiere restringir la autonomía de las CAR con el objetivo de buscar la alineación de la política ambiental de todas las instituciones, integrarlas en la estructura de la administración nacional, es decir, en la Presidencia, para garantizar que se tengan en cuenta particularidades regionales, asegura Luis Ernesto Mejía, exministro de Minas y Energía y otro integrante del informe.
Pedro Vargas Núñez
Fuente: portafolio.co
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