La publicación de un nuevo acuerdo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales refuerza las reglas aplicables a los proyectos de exploración, explotación y beneficio de minerales dentro de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal.
Aunque la disposición establece prohibiciones específicas en estas zonas, también permite delimitar con mayor claridad los espacios donde la actividad minera puede desarrollarse, favoreciendo a las empresas que operan con permisos vigentes, estándares ambientales y programas de restauración.
El acuerdo señala que una concesión minera no sustituye la autorización en materia de impacto ambiental. Ambos procedimientos son independientes, por lo que ningún título permite iniciar automáticamente trabajos de exploración o explotación sin contar previamente con las autorizaciones correspondientes.
La disposición también establece que, cuando la Semarnat reciba una solicitud relacionada con actividades mineras, deberá informar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Esta institución tendrá que elaborar un dictamen técnico para determinar si el proyecto puede afectar una zona protegida.
Para la industria minera formal, el fortalecimiento de estos procedimientos representa una oportunidad para diferenciar las operaciones responsables de aquellas que incumplen la legislación. La definición de criterios ambientales desde las primeras etapas puede reducir controversias, mejorar la planeación de inversiones y dar mayor certeza sobre la viabilidad territorial de los proyectos.
El acuerdo no representa una prohibición general contra la minería en México. Su aplicación se concentra en las Áreas Naturales Protegidas federales y en las actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental. La exploración y explotación pueden continuar en otras regiones, siempre que cumplan con la Ley de Minería, la legislación ambiental y los permisos correspondientes.
Asimismo, las autoridades deberán vigilar que las empresas implementen programas de restauración ambiental antes, durante y después de sus operaciones. Estas obligaciones pueden impulsar mejores prácticas, fortalecer el cierre responsable de minas y favorecer una convivencia equilibrada entre el aprovechamiento de los recursos minerales y la protección del entorno.
En este contexto, el reto para las autoridades será aplicar las disposiciones con criterios técnicos, plazos claros y coordinación institucional, evitando procesos innecesariamente prolongados que frenen proyectos viables.
Para el sector, el cumplimiento ambiental deberá consolidarse como una parte central de su competitividad y de su relación con las comunidades. La minería responsable puede contribuir al desarrollo económico, la generación de empleos y el suministro de minerales indispensables para la infraestructura, la tecnología, el transporte y la transición energética.
Contar con reglas claras que protejan zonas de alto valor ecológico, pero que al mismo tiempo permitan desarrollar proyectos responsables fuera de ellas, resulta fundamental para mantener la inversión y aprovechar de forma sostenible los recursos minerales del país.
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