Minería ilegal se expande en la Amazonía peruana: detectan más de 700 dragas desde 2025
La presencia de minería ilegal en la Amazonía de Perú muestra una expansión acelerada. Más de 700 dragas utilizadas para la extracción minera fueron identificadas entre 2025 y lo que va de 2026 en los ríos de Loreto, una de las principales regiones amazónicas del país.
Los datos forman parte de un reporte del proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), elaborado por Conservación Amazónica-ACCA y Amazon Conservation Association. El análisis señala que prácticamente la mitad de las dragas detectadas durante los últimos nueve años se concentraron únicamente en este periodo reciente.
Las dragas son embarcaciones o estructuras equipadas para remover sedimentos del fondo de los ríos con el objetivo de recuperar minerales, principalmente oro. Cuando esta actividad se realiza fuera de la regulación, puede alterar los cauces, afectar la calidad del agua y provocar pérdida de vegetación en las riberas.
Actividad minera alcanza 13 ríos
El monitoreo identificó presencia de minería ilegal en 13 ríos amazónicos, entre ellos Nanay, Marañón, Tigre, Putumayo, Napo, Mazán y Chambira. La situación adquiere especial relevancia debido a que Loreto comparte zonas fronterizas con Brasil, Colombia y Ecuador.
Uno de los cambios más pronunciados ocurrió en el río Tigre, donde más del 90% de las detecciones registradas corresponden a 2025 y 2026. En el Putumayo, ubicado en la frontera entre Perú y Colombia, el monitoreo identificó por primera vez de manera clara áreas con actividad minera ilegal.
El carácter fronterizo complica las labores de vigilancia y hace necesaria una mayor coordinación entre países para evitar que estas operaciones se desplacen de una zona a otra.
El Nanay, uno de los puntos más sensibles
La situación del río Nanay genera especial preocupación debido a que constituye la principal fuente de abastecimiento de agua para Iquitos, capital de Loreto.
Entre 2025 y 2026 se contabilizaron 421 detecciones de dragas en este río y actualmente se estima que permanecen activas entre 23 y 30, pese a los operativos realizados por las autoridades.
El monitoreo también relaciona la actividad minera con pérdida de bosque en las riberas del Nanay y con un crecimiento de la deforestación en Saramiriza, en la cuenca alta del Marañón.
Hasta junio de 2026 se habían registrado alrededor de 800 hectáreas de bosque afectadas, de las cuales más de 500 corresponden solamente al periodo 2025-2026.
Un problema que cambia de ubicación
Uno de los principales retos es que la minería ilegal no permanece concentrada en un solo sitio. Conforme aumentan los controles, las operaciones pueden desplazarse hacia nuevos ríos o zonas de difícil acceso.
Entre los factores que favorecen esta expansión se encuentran la limitada presencia institucional en áreas remotas, los elevados precios internacionales del oro, la participación de organizaciones criminales y las dificultades de los procesos de formalización minera.
Ante este escenario, los operativos para destruir o retirar equipos ilegales resultan necesarios, pero por sí solos no resuelven el problema. El desafío también implica identificar las redes que financian estas actividades, reforzar la vigilancia fronteriza y mejorar la coordinación entre autoridades y comunidades locales.
Fuente: EFE / Infobae, con información del proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).