Tener una concesión minera en México no significa contar automáticamente con autorización para iniciar una mina. Esa fue una de las principales ideas abordadas durante el curso para periodistas realizado en el marco del 9° Congreso Nacional de Minería Durango 2026, donde se presentó la conferencia “Minería en México: lo que vemos, lo que no vemos del Marco Regulatorio y su Realidad”, impartida por Karina Rodríguez Matus.
La exposición planteó que para comprender y comunicar correctamente la actividad minera es necesario conocer no sólo su importancia económica, sino también el ciclo de vida de un proyecto, la legislación aplicable y algunos de los principales mitos que rodean al sector.
Uno de los puntos centrales fue distinguir entre concesión, mina y permiso de operación. La presentación remarca que los derechos sobre los minerales son distintos de los derechos sobre la superficie y del acceso al agua. Así, contar con una concesión no convierte a su titular en propietario del terreno ni le otorga automáticamente autorización para utilizar recursos hídricos.
Antes de desarrollar un proyecto, deben obtenerse distintas autorizaciones ambientales, laborales, energéticas y sociales, además de los permisos correspondientes de autoridades federales, estatales y municipales. También debe acreditarse el derecho de uso u ocupación de los terrenos involucrados.
Una actividad regulada por diferentes leyes
El marco regulatorio minero no se limita a la Ley de Minería. La operación está relacionada transversalmente con disposiciones en materia ambiental, laboral, fiscal, seguridad y salud ocupacional, manejo de sustancias y explosivos, acceso a terrenos superficiales, agua y otras regulaciones especializadas.
Entre las características presentadas sobre la actividad minera destacan que se trata de una industria altamente regulada, intensiva en capital, de alto riesgo, de largo plazo y con una elevada carga tributaria.
En materia fiscal, el material señala que los proyectos pueden estar sujetos, dependiendo de cada caso, al Impuesto Sobre la Renta, participación de los trabajadores en las utilidades, derechos mineros, derechos especiales y extraordinarios, así como contribuciones estatales y locales. La recomendación para el ejercicio periodístico fue evitar generalizaciones y analizar qué impuestos, derechos, contraprestaciones y obligaciones corresponden específicamente a cada proyecto.
Comunidades, medio ambiente y cierre forman parte del proceso
El curso también abordó la relación con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Para determinados lotes ubicados en sus territorios, el esquema presentado contempla procesos de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe antes del otorgamiento del título, además de estudios de impacto social y ambiental.
Las obligaciones del concesionario tampoco terminan con el inicio de operaciones. Entre las responsabilidades expuestas se encuentran la prevención y mitigación de impactos, reporte de accidentes, cumplimiento de disposiciones sobre residuos, inspecciones, manejo y reutilización del agua, así como la autorización de programas de restauración, cierre y post-cierre de minas.
Reforma de 2023 modificó el modelo minero
Otro de los ejes fue la reforma publicada en mayo de 2023, que modificó diversas disposiciones relacionadas con minería, aguas nacionales, equilibrio ecológico y gestión de residuos. De acuerdo con la presentación, los cambios alteraron aspectos históricos del régimen de concesiones y exploración, entre ellos la eliminación del concepto de terreno libre y la modificación del esquema para explorar nuevos yacimientos.
La exposición puso énfasis en que la regulación minera mexicana es resultado de una evolución histórica que se remonta a las ordenanzas coloniales y que posteriormente pasó por distintos códigos, leyes reglamentarias y reformas hasta llegar al marco actual.
Para periodistas y comunicadores, el mensaje central fue claro: informar sobre minería requiere distinguir entre concesión, propiedad de la tierra, agua, permisos ambientales y autorización de operación, así como revisar las obligaciones particulares de cada proyecto antes de realizar afirmaciones generales.
La capacitación formó parte de las actividades desarrolladas alrededor del 9° Congreso Nacional de Minería Durango 2026, con el objetivo de acercar a medios de comunicación elementos técnicos y jurídicos que permitan comprender con mayor precisión la realidad de la industria minera mexicana.
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