Colombia, reconocida por su riqueza en recursos naturales, ha cimentado gran parte de su economía en la explotación de combustibles fósiles, especialmente el carbón. Este mineral ha sido, durante décadas, una fuente vital de ingresos y empleo para el país. Sin embargo, en el contexto actual de cambio climático y la presión global por energías más limpias, Colombia enfrenta el desafío de equilibrar su dependencia del carbón con la necesidad de una transición energética sostenible.
El peso del carbón en la economía colombiana
La industria carbonífera ha tenido un rol protagónico en la economía nacional. En 2023, la producción de carbón alcanzó 53,9 millones de toneladas, representando aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia. Los departamentos de La Guajira y Cesar son los principales productores, aportando el 41,5% y 43% de la producción nacional respectivamente. Además, Colombia se ha posicionado como el principal productor de carbón en América Latina y el quinto mayor exportador a nivel mundial.
La urgencia de una transición energética
A pesar de los beneficios económicos, la dependencia del carbón plantea desafíos ambientales y económicos. La volatilidad de los precios internacionales y la creciente presión por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero han llevado al gobierno colombiano a replantear su matriz energética. El presidente Gustavo Petro ha manifestado su compromiso con una transición hacia energías más limpias, buscando reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover fuentes renovables como la solar y la eólica. 
Iniciativas y desafíos en la transición
Colombia ha dado pasos significativos hacia la diversificación energética. Recientemente, el país lanzó su primera subasta de energía eólica marina, atrayendo el interés de empresas internacionales de países como Bélgica, Reino Unido, China y España. El objetivo es adjudicar proyectos que generen al menos 1 gigavatio de potencia, con miras a alcanzar 7 gigavatios de capacidad instalada en energía eólica marina para 2040.
Sin embargo, la transición no está exenta de obstáculos. La renuncia de Andrés Camacho como Ministro de Minas y Energía, tras enfrentamientos con gremios del sector y desafíos en la implementación de proyectos de energías renovables, evidencia las dificultades políticas y administrativas en este proceso. Además, la falta de hallazgos de gas natural y problemas financieros en el sistema eléctrico subrayan la necesidad de una planificación estratégica y consensuada.
El papel de las comunidades y los sindicatos
La transición energética justa no solo implica un cambio en la matriz energética, sino también en la estructura socioeconómica del país. Sindicatos de trabajadores de sectores como el petróleo, gas y carbón han conformado el Colectivo de Trabajadores por la Transición Justa, buscando un cambio ordenado que garantice la protección laboral, la diversificación económica y la justicia social. Además, líderes indígenas como Esneda Saavedra, del pueblo yukpa, han alzado su voz en defensa del medio ambiente y la cultura, resaltando la importancia de incluir a las comunidades en las decisiones sobre el uso de los recursos naturales.
Colombia se encuentra en una encrucijada histórica: continuar con un modelo económico basado en el carbón o apostar por una transición energética que promueva la sostenibilidad y la equidad. Si bien se han logrado avances, es crucial fortalecer las políticas públicas, garantizar la participación de todos los actores involucrados y asegurar que los beneficios de la transición lleguen a las comunidades más vulnerables. Solo así, el país podrá enfrentar los desafíos del cambio climático sin sacrificar su desarrollo económico y social.
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