Estados Unidos apuesta por las tierras raras para reducir su dependencia estratégica
En un contexto de creciente tensión por el control de recursos estratégicos, el gobierno de Estados Unidos ha decidido dar un paso poco habitual: invertir directamente en el sector de minerales de tierras raras, fundamentales para la industria tecnológica y de defensa.
De acuerdo con información difundida por la cadena CNBC, la administración estadounidense prevé destinar hasta 1 600 millones de dólares para adquirir una participación minoritaria en USA Rare Earth, una empresa con operaciones clave en el estado de Oklahoma y con acceso a yacimientos considerados críticos para el desarrollo industrial del país.
La operación contempla que el Estado obtenga cerca del 10 % del capital de la compañía, una decisión que rompe con la tradicional distancia del gobierno federal frente a la inversión directa en empresas mineras, pero que responde a una preocupación cada vez más presente: la alta dependencia de proveedores extranjeros, especialmente asiáticos, para el abastecimiento de estos minerales.
Las llamadas tierras raras son insumos esenciales en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, aerogeneradores, semiconductores, teléfonos inteligentes y equipamiento militar avanzado. Actualmente, gran parte de la producción y procesamiento global está concentrada fuera de Estados Unidos, lo que ha encendido alertas en materia de seguridad económica y tecnológica.
Además de la participación accionaria, el acuerdo incluye un esquema de financiamiento privado que ronda los 1 000 millones de dólares, lo que sugiere una estrategia conjunta entre el sector público y capitales privados para acelerar el desarrollo de esta industria dentro del país.
Especialistas consultados por medios financieros señalan que esta inversión no solo busca garantizar el suministro interno, sino también enviar un mensaje político claro: Washington está dispuesto a intervenir de forma activa en sectores considerados estratégicos para su competitividad a largo plazo.
La decisión se inscribe en una política más amplia orientada a fortalecer las cadenas de suministro nacionales y reducir vulnerabilidades en un escenario internacional marcado por la competencia tecnológica y geopolítica.