Habitantes de municipios que colindan con San José del Progreso, donde se ubica la mina de Compañía Minera Cuzcatlán denunciaron que autoridades agrarias y municipales los están presionando e intimidando para que firmen documentos para pedir que la Semarnat niegue el permiso ambiental que requiere la mina para seguir operando.
Pobladores de Magdalena Ocotlán, así como en la agencia municipal de los Ocotes, en el municipio Ejutla de Crespo, manifestaron que temen represalias en caso de no acceder a la petición de las autoridades porque les están diciendo que sino firman podrían dejar de recibir beneficios de programas sociales o que tendrán problemas para realizar trámites.
En los Ocotes, localidad ubicada a aproximadamente dos kilómetros de San José del Progreso, los habitantes denunciaron que el encargado de recolectar las firmas es el representante del Consejo de Vigilancia, Carlos López Jarquín.
En Magdalena Ocotlán, el presidente del Comisariado Ejidal, Roberto Feliciano Aquino Méndez; el presidente del Consejo de vigilancia, Francisco Pérez Cosme y el presidente municipal, Pedro Máximo Aquino Sánchez, están solicitando las firmas mediante un formato que aseguran fue entregado por la propia SEMARNAT.
El presidente municipal Pedro Máximo Aquino Méndez y la secretaria del ayuntamiento, Berenice Aquino Méndez, están presionando a la población para dar su firma. Ellos, con el apoyo de sus hermanos Roberto Feliciano y Anselmo Aquino, presidente y secretario del comisariado ejidal están presionando a los pobladores, dijeron.
“Estamos preocupados con lo que pretendan hacer con nuestras firmas, porque no solamente piden la credencial de elector, también están pidiendo la CURP, pensamos que están incurriendo en algo malo porque esos documentos se prestan a pensar en otras cosas”, señalaron los denunciantes.
Comentaron que desde hace más de 30 días, el representante del Consejo de Vigilancia de los Ocotes está visitando la gente casa por casa. “En otras comunidades se oye que están pidiendo solamente firmas, pero esta persona está pidiendo estos papeles para ocuparlos supuestamente para que ya no le den la extensión al contrato de la minera”.
Los ciudadanos también dieron a conocer que las autoridades los amenazan que en caso de no acceder a entregar sus documentos o las firmas, serán sancionados y se les negará la entrega de algún trámite que requieran o de apoyos por parte del gobierno federal que reciben a través de las autoridades locales.
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