La Cámara Minera de México (Camimex) lamentó las recientes declaraciones del gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, y reitera que el sector minero continuará ejerciendo sus derechos constitucionales de defensa para lograr que el denominado impuesto ecológico, vigente desde el 1 de enero del 2017 en esa entidad, sea derogado.
La semana pasada, el mandatario expresó que este gravamen, con el que se estima recaudar 1,230 millones de pesos durante este año, es un acto de justicia social y no una imposición deliberada para las empresas, además de que esta carga, dijo, no afecta en nada la percepción de los trabajadores.
En este sentido, la Camimex, que representa a las principales empresas mineras del país, considera que el impuesto fue aprobado por el Congreso de Zacatecas como resultado de un acto unilateral, ya que la aprobación de la Ley de Hacienda del estado no fue consultada con el sector productivo de la entidad.
“El gobierno de Zacatecas habría excedido sus facultades legales e invadido atribuciones de competencia exclusiva de la Federación, por lo que confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falle a favor de la controversia constitucional que promovió el Ejecutivo Federal en contra del impuesto minero”, advirtió la Cámara.
Asimismo, agregó que la industria minera contribuye al desarrollo social, a la generación de empleos y al cuidado del medio ambiente, con la creación de más de 350,000 empleos directos y más de 1.7 millones de indirectos a nivel nacional. Además, en Zacatecas, 12,000 personas laboran en esa industria que aporta alrededor de 30% del Producto Interno Bruto de la entidad.
El sector minero, refirió la Camimex, opera con las mejores prácticas y rigurosos estándares internacionales en materia de medio ambiente, seguridad y salud, pero al mismo tiempo es una de las industrias más gravadas del país ya que, además de la carga impositiva que aplica a todas las empresas, contribuye con los nuevos derechos mineros desde el 2014 que contemplan 7.5% sobre las utilidades y 0.5% sobre la extracción de oro, plata y platino.
Fuente: El Economista
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