La Ley Minera, en su artículo 55, establece las causales para cancelar una concesión minera. Ninguna de las causales se refiere a conflictos sindicales intergremiales.

Empresas mineras de diversos países tienen como política, invertir preferentemente en países cuya legislación minera establece que el subsuelo le pertenece al dueño superficial.

El poner en duda el imperio de un estado de derecho en México, tiene consecuencias negativas para el pueblo mexicano. El costo del dinero para explorar en busca de recursos minerales se incrementa por desconfianza al respeto de un estado de derecho e imperio de la ley. El riesgo político se incrementa y como consecuencia el costo del dinero. A nivel mundial, casi el total de recursos económicos para explorar por recursos minerales, son financiados vía capital.

De existir concesiones mineras con causales de cancelación, la autoridad debe actuar de inmediato en lo procedente.

Se hace notar, que la legislación minera establece que existe total libertad para solicitar una concesión minera, misma que debe ser otorgada por el Estado si la solicitud cumple con los requisitos que establece la ley. Durante la presente administración gubernamental, ya se han otorgado concesiones mineras.

Fuente: Enrique R Miranda Paz/ Inteligencia Minera