Por: Moisés Gómez Reyna
La propuesta de Reforma Eléctrica del Gobierno Federal tiene en el papel el objetivo de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reconvirtiéndola en una empresa monopólica del Estado, pero en realidad el resultado final de esto podría ser totalmente contrario y debilitar aún más sus finanzas.
Esta es la principal conclusión de una investigación realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), donde se analizó la iniciativa que actualmente se discute en el Congreso de la Unión.
La Reforma Energética pretende, entre otras cosas, recuperar para CFE una participación de mercado del 54% en la generación de la energía demandada en el país, cuota de mercado que tuvo la empresa paraestatal en 2018. En cambio, al 2020 generaba solamente el 38% de la energía demandada.
Aunque CFE tiene capacidad instalada para producir un mayor porcentaje de energía, esta capacidad no es utilizada. Ello tiene una poderosa razón, ya que sus plantas son comparativamente más antiguas e ineficientes y, por lo tanto, tienen mayores costos.
Por esto, en su investigación el IMCO advierte que en caso de aprobarse la iniciativa, CFE se vería forzada a incurrir en costos adicionales para poder generar y suministrar la energía eléctrica demandada en México.
Obviamente estos costos adicionales tendrían impactos significativos para los consumidores, afectarían el clima de inversión, así como las finanzas públicas y la economía del país.
No tiene ningún sentido económico "quemar" recursos públicos adicionales en un segmento donde actores del sector privado, mediante una adecuada regulación de organismos autónomos, pueden asumir el riesgo financiero y la responsabilidad de generar energía más barata y amigable con el ambiente.
En cambio, el instituto propone que CFE priorice sus inversiones en sus monopolios legales, es decir, que refuerce y expanda sus redes de transmisión y distribución.
Para estimar el costo que tendrá que afrontar CFE para cumplir con la meta de generar el 54% de la energía que demanda el mercado, el IMCO construyó varios escenarios, donde además se toma en cuenta el crecimiento del consumo de energía de 2022 a 2028.
En un primer escenario se considera que la paraestatal invierta en un nuevo parque fotovoltaico y renueve 14 de las 60 centrales hidroeléctricas que posee, mientras que el resto de la demanda energética se cubra con sus plantas termoeléctricas, carboeléctricas y ciclos combinados. En este caso CFE enfrentaría un costo de 512 mil millones de pesos a precios actuales.
En contraste, en otro escenario se supone que la CFE compre su energía adicional en las subastas de largo plazo, sin cambios a la legislación existente, donde se pueden celebrar contratos de 15 a 20 años para Certificados de Energías Limpias. De comprar esa energía adicional en las subastas de largo plazo, la CFE tendría que cubrir solamente un costo de 94 mil millones de pesos.
Es importante aclarar que este escenario es conservador en la medida que los costos de energías renovables no son estáticos, ya que han registrado reducciones por mejoras tecnológicas.
Por lo tanto, modificar el sector eléctrico como pretende la iniciativa, en lugar de fortalecer a la CFE, provocará que la empresa se vuelva aún más dependiente de subsidios del Estado.
El IMCO señala que los costos de generación y de inversión en estos escenarios pondrían a la empresa en una situación financiera precaria e insostenible por lo que, en el mediano plazo, se hará imposible mantener las tarifas eléctricas sin incrementos mayores a la inflación.
El instituto recalca que la meta de la política energética debe ser ofrecer electricidad confiable, limpia y a precios competitivos, independientemente de quién la genere, y esto sólo se puede lograr a través de: competencia, regulación e inversión.
Twitter: @GomezReyna
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