COLIMA, Col.- Con 41% de su superficie territorial concesionada para actividades mineras, Colima ocupa el primer lugar nacional en ese rubro, muy por encima del estado de Zacatecas, con 22.5%; Sonora, 21.6%; Jalisco, 19.2%, y Sinaloa, 17.8%.
Pero, además, mientras en el periodo de julio de 2016 a diciembre de 2017 el promedio nacional de hectáreas disminuyó 5.4%, de 21 millones 982 mil 339 a 20 millones 790 mil 143, fue uno de los pocos estados donde se incrementó la superficie concesionada, en 4.6%, al elevarse de 226 mil 429 a 236 mil 889 hectáreas.
Las otras entidades que también aumentaron en diferentes porcentajes su superficie concesionada son: Zacatecas, Yucatán, Oaxaca, Guanajuato, Coahuila, Campeche y Aguascalientes. El resto registró una disminución.
El hierro es uno de los principales minerales que se extraen en Colima, ya que cuenta con el yacimiento más grande de este metal en el país, en la región explotada por la empresa minera trasnacional Peña Colorada, de capital proveniente de India, Italia y Argentina.
De acuerdo con el informe “Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio”, elaborado por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., hasta diciembre de 2017 había en el país un total de 24 mil 709 concesiones mineras vigentes en la superficie terrestre, además de 14 concesiones en los mares territoriales de México, que abarcan 737.6 mil hectáreas de superficie marina: ocho frente a las costas de Chiapas y seis más en el Océano Pacífico, tres frente a Baja California y tres frente a Baja California Sur.
“La superficie concesionada a la minería en el país cambia constantemente, aunque no en gran medida; esto se debe a que algunas concesiones se cancelan o pierden su vigencia y no se renuevan, mientras que aparecen algunas nuevas”, establece el documento.
En el periodo comparado, la superficie total concesionada a la minería en el país disminuyó en 1.19 millones de hectáreas, pero este cambio no sucedió de la misma manera en todo el territorio, pues Coahuila, Zacatecas y Colima aumentaron su superficie concesionada (en 24 mil, 16.4 mil y 10.5 mil hectáreas adicionales, respectivamente), mientras que, en el otro extremo, Baja California disminuyó casi medio millón de hectáreas de superficie concesionada, seguida de Michoacán, Jalisco, Sonora y Durango, con más de 100 mil hectáreas menos en cada caso.
El informe de Fundar aclara que una concesión minera no es igual a un proyecto minero, sin embargo, las concesiones son el primer paso para la exploración y eventual extracción de minerales.
“El área abarcada por una concesión no otorga al concesionario derechos de propiedad sobre la superficie, sino únicamente sobre los recursos minerales del subsuelo, pero sí lo faculta para solicitar, en caso necesario, la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre (Ley Minera, Artículo 19) de los terrenos ubicados dentro de la concesión necesarios para llevar a cabo la exploración, extracción y beneficio de minerales”.
En cuanto al número total de minas o proyectos mineros existentes en el país, añade, el dato es incierto, pues, aunque el Servicio Geológico Mexicano (SGM, 2018) reporta la existencia de al menos 18 mil 874 minas entre abandonadas (64%), en producción (6%) o en prospecto (30%), la información detallada sobre los proyectos mineros actuales es incompleta.
Por su parte, la Secretaría de Economía (SE) sólo reporta los proyectos mineros con capital extranjero (947), mientras que el SGM reporta 950 como los “proyectos mineros de mayor importancia en México” (SGM, 2018), sin especificar con qué criterio se determinó esta clasificación.
De cualquier manera, puntualiza el documento, comparando la información disponible del SGM con respecto a los proyectos mineros de mayor importancia en México, “entre 2016 y 2017 encontramos que las minas de oro representan el 54% de los proyectos mineros actuales en el país, seguidas de las de plata y cobre (21% y 9% respectivamente), y que los proyectos para extraer estos minerales han aumentado significativamente en el último año”.
Fuente: Proceso
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