Panamá, 19 de diciembre de 2022.- La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) expresa una vez más su extrema preocupación y profunda consternación -por el inminente peligro que representa para el desarrollo del sector minero del país- la falta de un acuerdo entre el Estado Panameño y la empresa Cobre Panamá.
Las medidas anunciadas la semana pasada por el jefe del Órgano Ejecutivo generan una gran zozobra y desconcierto no solamente a nivel local y nacional, tanto a los más de 7 mil colaboradores de la mina y sus contratistas, sino también en todo el ecosistema comercial y empresarial, de las más de 1,850 empresas proveedoras que suministran servicios y bienes a la mina por un valor anual superior a los US$ 500 millones. Cómo y cuánto impactarán negativamente las medidas anunciadas al PIB (del que Cobre Panamá representa el 4%) y a las exportaciones panameñas (el concentrado de cobre ocupa el 75%), todavía está por conocerse.
Desde que se hiciera pública la orden de cierre de actividades comerciales anunciada por las autoridades panameñas, nuestros pares de América Latina y el mundo no han cesado de consultarnos acerca de cuál será el futuro de la minería en Panamá e indicarnos que este es un precedente funesto para la región. Hasta este momento, los significativos aportes al Desarrollo Sostenible de nuestro país de parte de la mina Cobre Panamá, han sido el salvavidas de nuestra economía. Con esta decisión unilateral, las perspectivas son completamente opuestas: hemos pasado de un escenario ganar-ganar a uno perder-perder.
En momentos en que nuestro país requiere atraer capitales del exterior, para dinamizar la economía y generar empleos de calidad, condenar con acciones desacertadas, a un sector como el minero con un enorme potencial futuro y capacidad de aportar en mayor medida al desarrollo sostenible en sus dimensiones económicas, ambientales y sociales a nivel nacional y local, pone en peligro no solamente el futuro del sector minero, sino que además socava profundamente la confianza y seguridad necesarias para la demás inversión extranjera y también nacional en nuestro país.
Por todo lo anterior, nuevamente instamos tanto a las autoridades como a la empresa a redoblar esfuerzos para alcanzar un acuerdo ganar – ganar, que cubra las legítimas expectativas del Gobierno de captar para las arcas públicas más ingresos del sector minero, y a la vez garantice la seguridad jurídica y permita la viabilidad económica futura de la operación de la mina en Donoso, para beneficio de todos.
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