La publicación del documento Renuncias Recaudatorias 2026, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debería abrir una discusión distinta a la habitual. Los 1.7 billones de pesos que el Estado dejará de recaudar mediante exenciones, tasas preferenciales y tratamientos fiscales especiales no representan únicamente una cifra presupuestaria; reflejan la permanencia de un modelo redistributivo concebido para una realidad institucional que en México ya no existe.

Durante los últimos años, el IVA enfrentó una contradicción aparentemente insoluble. Como impuesto general al consumo, su fortaleza radica en la neutralidad: grava por igual todas las operaciones. Sin embargo, esa misma característica produce un efecto regresivo, pues el impuesto representa un sacrificio relativamente mayor para los hogares de menores ingresos. La respuesta tradicional consistió en introducir tasas cero, exenciones y tratamientos preferenciales con la intención de proteger a la población más vulnerable.

Aquella solución fue razonable para un Estado que carecía de información suficiente para distinguir con precisión quién necesitaba realmente esa protección. Ante la imposibilidad de identificar a los destinatarios, el beneficio se extiende indiscriminadamente a todos los consumidores, independientemente de su capacidad económica. Está más que demostrado que la intención bondadosa de la medida queda concentrada en la población financieramente más sólida.

Hoy esa imposibilidad tecnológica está superada.

México dispone de una infraestructura tecnológica que hace apenas dos décadas parecía impensable. La facturación electrónica, los medios digitales de pago y la capacidad de procesamiento de información permiten conocer con creciente precisión la realidad económica de millones de contribuyentes. Paradójicamente, mientras la administración tributaria evolucionó hacia el siglo XXI, buena parte de los instrumentos utilizados para corregir la regresividad del IVA permanecieron anclados en la lógica del siglo pasado.

Sería incorrecto afirmar que el Estado mexicano no ha avanzado en materia redistributiva. Los programas sociales representan precisamente el reconocimiento de que la desigualdad debe corregirse mediante mecanismos distintos a la estructura de los impuestos, pero se comete un error de diseño que introduce regresividad al modelo: la universalidad, principalmente.

Por estas razones, el siguiente paso consiste en aprovechar las capacidades tecnológicas ya disponibles para perfeccionar esa tarea.

Bajo esa lógica surge la propuesta del IVA Personalizado.

Su propósito no consiste en elevar las tasas impositivas ni en eliminar la protección de los sectores vulnerables. Tampoco pretende eliminar la política social. Persigue un objetivo mucho más específico: preservar la neutralidad del impuesto y corregir posteriormente sus efectos regresivos mediante la devolución del IVA efectivamente pagado, exclusivamente cuando concurran dos circunstancias: la realización del consumo gravado y la pertenencia del consumidor a un universo de vulnerabilidad previamente definido por la ley.

La diferencia no es menor. La devolución deja de responder a categorías generales de consumo y comienza a descansar en la situación objetiva de quien soportó el impuesto. La justicia distributiva ya no se incorpora dentro de la estructura del IVA mediante exenciones indiscriminadas; se materializa después, con precisión, respecto de quienes realmente requieren esa protección.

La intención deja a salvo la operación aritmética de confrontar el IVA trasladado con el acreditable que hace posible y común un balance a favor que puede solicitarse en devolución; eso es una mecánica tributaria propia de los impuestos indirectos que debe permanecer.  La reflexión va mucho más allá.

Experiencias internacionales desarrolladas en países como Uruguay y Brasil muestran que la digitalización permite avanzar en esa dirección. México posee hoy condiciones institucionales suficientes para adoptar un modelo propio, compatible con su realidad jurídica, administrativa y tecnológica.

Quizá esa sea la verdadera discusión que inaugura el documento sobre Renuncias Recaudatorias. No cuánto deja de recaudar el Estado, sino si seguimos intentando resolver un problema del siglo XXI con instrumentos concebidos para el siglo pasado. La siguiente generación del IVA no consistirá en gravar más ni en gravar menos. Consistirá en conservar la neutralidad técnica del impuesto y ejercer la justicia distributiva exactamente donde corresponde: en el derecho a la devolución de quienes objetivamente acrediten que ese sacrificio económico merece ser corregido.

Análisis de Por Guillermo Huízar