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Elecciones y Suprema Corte de Justicia

COLUMNA Tras varias vueltas de la Cámara de Diputados a la de Senadores, esta semana ha sido aprobado el “Plan B” de la reforma electoral del presidente. La última discusión

hace un año

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Tras varias vueltas de la Cámara de Diputados a la de Senadores, esta semana ha sido aprobado el “Plan B” de la reforma electoral del presidente. La última discusión en el Senado previa a la aprobación estuvo centrada en el Artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, específicamente en la posibilidad de incluir la modificación conocida como la “cláusula de la vida eterna”.

Desde 2015, el Artículo 12 prohíbe expresamente el trasvase de votos entre los partidos que conforman una coalición, sin embargo, la facción oficialista emprendió un intento por anular dicha regulación. Pese a ello, la iniciativa de modificación fracasó y la normativa vigente no contemplará la llamada “cláusula de la vida eterna” que hubiera permitido la supervivencia de partidos pequeños a base de votos trasladados a su favor por parte de un partido más grande en su coalición. Así, se preservará el margen para la pérdida de registro como partido político por no alcanzar el umbral mínimo de votos exigido por la ley.

Más allá de ese último debate, se aprobó en su totalidad una reforma que involucra una serie de consideraciones que lesionan al mismo sistema electoral mexicano que durante las últimas décadas posibilitó la alternancia en la presidencia de la república, gubernaturas, alcaldías, senadurías y diputaciones federales y locales.

Si bien se incluyen aspectos positivos tales como la elevación al nivel de ley de las disposiciones hasta ahora contenidas bajo la forma de lineamientos del INE para garantizar cuotas a grupos vulnerables, o de las contenidas en una resolución del TEPJF para permitir el voto a personas privadas de la libertad, en lo general la propuesta resulta lesiva y perniciosa para la democracia de nuestro país, en tanto la mayoría de los cambios que plantea tienden a mermar la fortaleza del sistema electoral mediante el debilitamiento de sus dos principales órganos: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral (TEPJF).

La reforma abre las puertas a la impunidad por violaciones a la legislación electoral y a la inequidad en la contienda puesto que permite el uso de propaganda gubernamental durante los procesos electorales.

También afecta a la organización de las elecciones, debido a que disminuye las capacidades operativas del INE a partir del cercenamiento de diversas áreas tanto centrales como locales.

Achica las 32 juntas locales al eliminar las figuras de vocal secretario y vocal de organización y fusiona direcciones ejecutivas como son los casos del área jurídica que se subsume en la contenciosa electoral, el área administrativa que se integra a la del servicio profesional electoral, y la de capacitación que se une a la de organización electoral.

Además, desaparece las 300 juntas distritales sustituyéndolas por vocalías operativas y establece que éstas serán de carácter temporal para solo existir durante los procesos electorales, lo cual genera especial preocupación en tanto las juntas distritales constituyen el principal andamiaje institucional a nivel territorial y su disolución tras cada elección implica que se desaprovechará la experiencia acumulada y se alargan la curvas de aprendizaje en detrimento de la certeza electoral.

Por otra parte, el “Plan B” reduce la capacidad de fiscalización del INE para determinar el origen y destino de los recursos utilizados por los partidos políticos para campañas electorales, de manera que se reducirán los esquemas de transparencia y rendición de cuentas.

Después de esta aprobación por parte de Morena y sus aliados, faltará ver la participación de la ciudadanía en la marcha de este 26 de febrero exigiendo el respeto al voto y el valor de la opinión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pues es precisamente ese renovado y oxigenado poder de la federación el que tendrá la responsabilidad de revisar, analizar y discutir las decenas de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo interpuestos por las diversas instancias afectadas por semejante atentado en contra del equilibrio y respeto a la democracia.

Por Moisés Gómez Reyna

@gomezreyna

Editorial

Publicado hace un año

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