Con una fracción del artículo 25 de la Ley de Ingresos 2019, la Federación anuló lineamientos de la Ley Federal de Derechos (LFD) y su Reglamento, los cuales obligan a destinar los recursos del Fondo Minero a obras públicas en beneficio de las comunidades afectadas por la extracción.
La administración de Andrés Manuel López Obrador busca usarlo para el Programa de Tandas del Bienestar, entregar el dinero de manera directa a los habitantes de las zonas involucradas y evitar así la intermediación de estados y municipios.
En la fracción referida de la LIF, se sustituye el artículo 275 de la LFD, en el cual se indica el porcentaje de distribución entre gobiernos locales y se añade la posibilidad de emplear lo recaudado en “proyectos de infraestructura y equipamiento educativo, de salud, de previsión social, prevención del delito, protección civil, movilidad rural, reforestación y centros comunitarios que permitan apoyar la integración de las comunidades”.
También, establece, “podrán destinarse a la creación de capacidades de la población en las zonas de producción minera, mismas que serán determinadas conforme a los lineamientos” emitidos por la Secretaría de Economía. Y a “proyectos de capacitación para el empleo y emprendimiento”.
Esta disputa legal ha derivado ya en una controversia constitucional interpuesta por el gobernador de Chihuahua, alcaldes de ese estado y de San Luis Potosí. La demanda ya ha sido admitida a trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Sostengo que sí es posible que el dinero de los derechos cobrados por la extracción del mineral se regresen a la gente con créditos, sin intereses, y que se vaya formando un fondo revolvente para mejorar la actividad económica desde abajo, porque antes se quedaba el dinero en el camino”, dijo AMLO.
A la par, el gobierno federal contempla impulsar una reforma legislativa para permitir a todas las secretarías ejecutar obras, lo cual tienen impedido por ley.
“Estamos ahora ajustando el marco legal para poder hacer las obras con las dependencias federales, sólo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede ejecutar obras y no precisamente de manera directa. El gobierno no ejecutaba, era una oficina para la entrega de contratos”, reveló el Presidente.
Fuente: cronica.com.mx
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